Piezas del helicóptero en el que murieron 8 personas en Lleida estaban caducadas

El helicóptero que se estrelló el pasado 14 de junio cerca de Torallola (Pallars Jussà) llevaba piezas caducadas y otras cuyo origen no ha podido justificar la empresa propietaria del aparato, Helieuropa Services, según ponen de manifiesto los técnicos de Aviación Civil en el informe que han remitido al Juzgado de Instrucción de Tremp, encargado de investigar las causas del accidente, en el que murieron los ocho ocupantes del helicóptero, entre ellos la delegada del Departamento de Industria de Lleida.

El documento señala que los responsables del helicóptero no tenían autorización para instalar las piezas caducadas, según informó ayer el diario Segre. En una inspección efectuada por técnicos de la Dirección General de Aviación Civil, especialistas en accidentes aéreos, se ha descubierto la existencia de numerosas irregularidades en el aparato siniestrado y los mencionados expertos señalan que todos los componentes del sistema hidráulico, que debe garantizar el manejo y la estabilidad del aparato, habían superado el plazo de vida útil.

El periodo de utilidad del rotor de cola, cuyo desprendimiento en pleno vuelo motivó la caída en picado del aparato, no coincidía con el que constaba en los archivos de la empresa. Asimismo, al menos dos piezas de vida limitada del helicóptero eran de origen desconocido y el número de serie del servo no correspondía al de ninguno de los componentes homologados para estas naves. En el caso del motor, seis piezas incumplían los requisitos fijados por las normas de aeronavegación y, por tanto, no habían pasado controles de calidad.

"Ataúd volante"

El informe, que ya ha motivado la apertura de un expediente sancionador a Helieuropa Services, con base en Sabadell, por "irregularidades en el mantenimiento de las aeronaves", está ya en manos del juez instructor de la causa. A partir del dictamen de expertos aeronáuticos, el informe equipara el aparato accidentado, un Augusta Bell 205, a "un ataúd volante" por su elevada peligrosidad. De hecho, dos meses antes del accidente la Administración prohibió que el aparato transportara pasajeros.

En el documento enviado al juez se añade que los manuales de mantenimiento del helicóptero, del motor y de otras piezas independientes no estaban actualizados en el momento del accidente, que el tiempo de vida de una parte de las piezas del rotor era una incógnita y que ni siquiera existía un documento o lista donde se especificaran todos los componentes del aparato. También se revela que la persona que en el año 1996 emitió el certificado que avalaba su funcionamiento no estaba autorizada para hacerlo para la empresa emisora del documento.

Los familiares de los ocho fallecidos en el siniestro, entre los que se encontraban los dos tripulantes, tres técnicos y tres funcionarios del Departamento de Industria, están personados en la causa. La acusación particular, ejercida por las familias de los pilotos, acusan de homicidio imprudente a Pedro Sáenz de Maturana, responsable de Helieuropa.