El AVE ya llega tarde
El tramo de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Lleida lleva camino de convertirse en un ejemplo de imprevisión y mala gestión pública, en la que aparecen implicados el ente gestor de infraestructuras ferroviarias (GIF), que es el organismo que construye la vía, y el Ministerio de Fomento. La línea del AVE se ha retrasado sobre la fecha prevista -debía entrar en servicio en diciembre último, pero no lo hará al menos hasta marzo-, pero quizá sea éste el menor de los problemas. Resulta que los trenes destinados a servirla, suministrados por Siemens, no están disponibles, con lo cual la línea se inaugurará con locomotoras de Alstom, la empresa que perdió el concurso de adjudicación; las estaciones de la red tampoco están terminadas y el sistema de señalización, el sofisticado ERMTS (European Railway Traffic Management System), todavía está en periodo de prueba, con los efectos que de tal circunstancia pueden derivarse para la seguridad.
Tales retrasos e ineficiencias, que provocan la irritación de las zonas afectadas -la Cámara de Comercio de Lleida ha calificado de vergonzosa la "previsión" del Gobierno-, revelan una conducta oficial poco escrupulosa con el compromiso y muy atenta a los efectos de la propaganda inmediata. En el caso del AVE Madrid-Lleida se ha aplicado un modelo político que se repite con frecuencia: se anuncia con gran despliegue una inversión y una vez conseguida la repercusión del anuncio en la opinión pública el proyecto deja de tener interés para los encargados de promoverlo administrativamente, porque ya ha cumplido su función propagandística, y aparecen los retrasos y las deficiencias de coordinación.
A la arbitrariedad se suma la irresponsabilidad práctica de la Administración. Fomento no ha explicado las causas del retraso ni, al parecer, tiene interés en hacerlo. De forma que los ciudadanos no saben si la demora se debe a imponderables o simplemente a que se aceleraron los plazos de entrada en servicio para satisfacer en falso los requerimientos de las empresas y los municipios implicados. El coste político que debería pagarse por la chapuza queda diluido en el silencio y en la resistencia de la Administración para explicar el caso en el Parlamento. No es difícil imaginar la reacción del PP si la puesta en marcha del AVE Madrid-Sevilla hubiera sido igual de chapucera y el Gobierno de entonces hubiera tenido la actitud distraída del actual.
El mismo silencio espeso se cierne sobre los descarrilamientos ferroviarios, nada menos que siete durante el presente mes de enero. Cuando se acumulan los accidentes y se repite el origen de los trenes afectados hay que explicar con detalle por qué y cómo se ocasionaron los descarrilamientos. Si, como parece, la causa más probable es el desajuste de los raíles por causa de las heladas, habrá que explicar por qué no se revisaron las vías. Si desde instancias oficiales se niega tajantemente que la causa de los siniestros sea la mala conservación de las vías, parece lógico suponer que exista alguna relación entre los accidentes y la antigüedad del material rodante. En todo caso, los ciudadanos tienen derecho a saber.
