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Tribuna:CIRCUITO CIENTÍFICO

Los científicos españoles se organizan

Las sociedades científicas han decidido crear la Confederación de Sociedades Científicas Españolas. Bienvenida sea la noticia. Uno de los aforismos que se aplican a la democracia es aquel de "interés no representado, interés no defendido" (entiéndase interés en un sentido lato). No en vano el crecimiento de las organizaciones que representan intereses y defienden determinadas posiciones respecto a asuntos de interés general es una tendencia persistente en las sociedades democráticas.

Esto tiene aspectos positivos y negativos para la gobernación de estas sociedades. Entre los positivos están la reducción de costes y el aumento de la eficacia en los procesos de diálogo y negociación entre el Estado y las demandas sociales así articuladas; el mejor y más directo conocimiento que estas organizaciones tienen de sus ámbitos de actuación; y la capacidad y legitimidad que tienen para defender sus asuntos ante los centros de decisión pertinentes. El más relevante de los negativos es el riesgo de que estas organizaciones deriven hacia posiciones de egoísmo gremialista, prescindiendo en su actuación de los daños colaterales que pudieran causar a los intereses generales (no es casual que por esta tendencia se haya caracterizado a las sociedades modernas como sociedades corporatistas, aunque nada tengan que ver con el corporativismo decimonónico). Pero este riesgo no es suficiente para invalidar los aspectos positivos, casi imprescindibles.

Una de las carencias más notables de estas últimas décadas ha sido la ausencia de una organización capaz de articular y representar a la comunidad científica en su conjunto. Una organización que pudiera haber tomado parte en los procesos de toma de decisiones sobre la política científica. Es cierto que este espacio libre se ha llenado con opiniones individuales, de rectores, de juntas de gobierno o de informes realizados por expertos. Pero una organización de este tipo podría haber contribuido mucho al análisis, la formación de opinión y la formulación de propuestas. Por ello, es bueno que las sociedades científicas españolas, que agrupan a la mayor parte de los mejores y más competitivos científicos del país, hayan decidido crear esta organización. La tarea no será fácil, pero el empeño merece todos los apoyos.

Pueden ponerse muchos ejemplos de lo que una organización de este tipo puede aportar. El primero podría ser avivar el debate sobre la propia supervivencia de la comunidad científica, amenazada por una precaria política de recursos humanos, por el uso y abuso de los becarios y por la ausencia de tipos de contratación adecuados. En España hay unos 18.000 científicos con un puesto permanente que compiten internacionalmente, que sostienen el prestigio científico adquirido por España.

En un supuesto de distribución homogénea por edades, haría falta incorporar 450 científicos anuales de características similares para mantener este número. La incorporación al sistema de I+D de posdoctorales altamente competitivos, incluidos los que entran en la Universidad, es poco probable que haya superado los 200 al año en los últimos 10 años. Al mismo tiempo, hay unos 2.000 doctores en el extranjero y en España que han pasado todas las fases de formación y que representan el esfuerzo acumulado de 15 años de política científica competitiva y que el sistema español no absorbe.

Éste es un derroche que España no puede permitirse. Complicando más las cosas, cada año se convocan unas 2.000 becas para formar doctores (el número exacto de becas predoctorales es muy difícil de calcular por la dispersión institucional con que se conceden) cuyo destino más probable es ser mano de obra barata en las universidades y el CSIC. Pero como los trucos funcionan un tiempo pero no siempre, pocos de los estudiantes con mejores expedientes entran ahora en el sistema de I+D. Un sistema cada vez más viejo y menos brillante no es la mejor perspectiva para España. Esperemos que la nueva organización estimule este tipo de debates.

Manuel Pérez Yruela es profesor de Investigación del CSIC y director del Instituto de Estudios Sociales de Andalucía (IESA).

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 29 de enero de 2003