18 empresarios arrestados en Alicante por emplear a 93 inmigrantes irregulares

La Guardia Civil ha detenido en las comarcas alicantinas de la Vega Baja y de la Marina Alta a 18 empresarios de los sectores de la construcción, agricultura y servicios, acusados de explotar laboralmente a inmigrantes en situación irregular. La operación se saldó con el arresto de 93 inmigrantes, 88 por estancia ilegal y otros cinco por tener pendientes reclamaciones judiciales. Los inmigrantes, procedentes en su mayoría del este de Europa y Suramérica, en principio, serán expulsados.

Los empresarios -13 españoles, un marroquí, un lituano, un rumano y dos rusos- fueron descubiertos por la Guardia Civil en controles en lugares de trabajo en los que se comprobó la presencia de extranjeros que no podían acreditar su estancia legal en España. En los controles se arrestó a 93 inmigrantes, la mayoría por no tener permisos de residencia, aunque a cuatro de ellos se les imputa también la ocupación ilegal de una vivienda y cinco están reclamados judicialmente.

Las indagaciones concluyeron con la detención de 11 patronos de la construcción, cuatro del sector de la agricultura y tres del sector servicios, según informó ayer la Comandancia de Alicante. Los empresarios están acusados de un delito contra los derechos de los trabajadores. Según recalcó la Guardia Civil, abusaban de la situación de "necesidad" de los extranjeros y los contrataban al margen de la legalidad, en perjuicio de los propios inmigrantes y del erario público.

Según estimaciones de UGT, 30.000 extranjeros clandestinos trabajan en condiciones irregulares en la Comunidad Valenciana. Hasta la fecha, los empresarios arrestados por estos delitos quedan en libertad, so pena de abonar las correspondientes multas.

Más de 50 empresarios fueron arrestados en la provincia de Alicante por explotación laboral de extranjeros en 2002. El perfil del empleador de extranjeros irregulares es un patrón autóctono, conocido por sus convecinos, que actúa con la más absoluta "impunidad", según apuntan los sindicatos. Los jueces, en la mayoría de los casos, dejan a los empleadores en libertad al considerar que su delito no genera alarma social y no existe riesgo de fuga.

Los sindicatos sostienen que el déficit de inspectores prueba la "connivencia" entre la Administración y los empresarios en la contratación irregular de extranjeros. La nueva Ley de Extranjería -que incluye un endurecimiento de penas para quienes contraten a irregulares- no ha amedrentado a los empresarios, en tanto que, según UGT, el ahorro de los costes laborales que les supone emplear a sin papeles compensa la posibilidad de ser sancionado. El empleo irregular propicia contrataciones por debajo de las garantías y de los derechos legales de los extranjeros.

Los inmigrantes, en muchos casos, son sometidos a maratonianas jornadas de trabajo a cambio de míseros sueldos. A la abusiva situación laboral de los trabajadores irregulares, rayana con el régimen de semiesclavitud, se suman la carencia de alojamientos dignos. Así, muchos son los inmigranes sin papeles que se alojan en naves industriales y almacenes, y algunos ocupan viviendas usadas por sus propietarios como casas de segunda residencia.

Los últimos datos recabados por este diario y aportados por la Inspección de Trabajo cifran en 986 los inmigrantes clandestinos localizados en empresas entre enero y octubre de 2002. Durante ese periodo, el importe de las sanciones a empresas valencianas por emplear a irregulares se disparó un 20%, con seis millones de euros en multas.

Las comarcas de la Vega Baja y Las Marinas acumulan las mayores bolsas de economía sumergida, que se nutre de mano de obra irregular. También concentran la mayoría de los arrestos de empresarios por explotar a extranjeros sin documentación. Si hasta mediados de la década de los noventa el sector industrial -calzado y el textil, principalmente- acaparaba los mayores índices de economía sumergida-, ahora es en la construcción y en la agricultura donde predomina esta práctica.