Interior construye en Fuerteventura el mayor centro de retención de inmigrantes de España

El Ministerio del Interior construye en Fuerteventura el mayor centro de internamiento de inmigrantes de España y uno de los más grandes de la Unión Europea. Está situado en un antiguo cuartel de la Legión, frente al aeropuerto de la isla, ocupa una superficie de 16.000 metros cuadrados (el equivalente a 2,5 campos de fútbol) y tiene capacidad para 1.200 internos, lo que supone el 50% del total de plazas para extranjeros existentes en todo el Estado. El pasado viernes sus celdas estaban ocupadas por 741 africanos. Las obras han costado 900.000 euros y estarán terminadas a fin de mes.

El complejo está rodeado por muros de cinco metros de altura. En la parte superior de éstos han sido instalados sensores de infrarrojos para detectar cualquier intento de fuga. Sesenta cámaras de vídeo vigilan el recinto, cuyo perímetro será rodeado por un "camino de ronda".

En el interior, diez patios enrejados separan a los magrebíes de los subsaharianos con el fin de evitar enfrentamientos racistas. Ambos grupos están recluidos en celdas situadas en barracones distantes. También las mujeres son segregadas según su origen.

En la puerta de las instalaciones, dos carteles advierten: "Zona militar. Prohibido el paso". Esos letreros recuerdan que el Ministerio de Defensa es el propietario de los terrenos en los que ha sido levantado el centro. Con ese obstáculo choca precisamente el interés del Ministerio del Interior por ampliar aún más la capacidad del recinto, incorporando otros barracones del antiguo cuartel.

Según fuentes oficiales, Defensa cedió un sector del complejo a cambio de que Interior rehabilitara las construcciones restantes, que son utilizadas como alojamiento por los soldados que se desplazan dos o tres veces al año a la isla para realizar maniobras militares. Ambos departamentos buscan ahora una solución al problema.

El recinto está custodiado por algo más de una veintena de miembros de la Unidad de Intervención Policial, procedentes de Gran Canaria y de Tenerife. Descontados los turnos de trabajo y las libranzas, el número de agentes que controlan el complejo en un momento determinado oscila entre cuatro y seis. Las autoridades locales consideran que son pocos, y muestran su preocupación ante la hipótesis de que se produzca una desgracia como el incendio ocurrido hace un mes en un calabozo de la comisaría de Málaga, en el que murieron abrasados siete inmigrantes.

No es ésta la única carencia que los majoreros achacan al centro. Los enfermos son atendidos en un pequeño dispensario situado a la entrada del complejo y equipado con una mesa, una silla, una camilla y dos muebles para guardar el instrumental médico elemental y las medicinas básicas. Un médico y una enfermera (a media jornada), y un educador y una trabajadora social (a jornada completa) de Cruz Roja les reciben allí. Pero no tienen permiso para salir del dispensario. El estado de salud de los inmigrantes es evaluado por los policías que los custodian y que trasladan a los elegidos en fila india hasta la consulta. El Ministerio del Interior también ha firmado un acuerdo de colaboración con una clínica privada llamada Las Olas, al frente de la cual figuran un médico palestino y un enfermero.

Los inmigrantes, que transcurrido un plazo de 40 días son repatriados a sus países de origen o puestos en libertad en Canarias o en la Península, no son sometidos a ningún tipo de analítica para descartar que padecen enfermedades contagiosas. Los doctores sólo les practican análisis cuando presentan síntomas evidentes. Así ha ocurrido recientemente con varios internos que sufrieron un brote de varicela. El pasado viernes, un afectado por esta enfermedad permanecía aislado en una celda próxima al dispensario.

Más dramático fue el caso de un nigeriano al que a finales del año pasado los médicos diagnosticaron un tumor en un ojo. Ante la gravedad del mal, los doctores gestionaron su traslado a un hospital de Las Palmas para que fuera operado con urgencia. Cuando acudieron a recogerlo, había sido devuelto a su país. "Probablemente ya habrá muerto", dice uno de los médicos que lo atendió.

El nuevo centro de internamiento no sólo acoge a los inmigrantes que llegan a Fuerteventura, sino también a los que arriban a la vecina Lanzarote. El Cabildo majorero considera que su apertura rompe los acuerdos alcanzados entre el Gobierno central y el Ejecutivo canario. Según éstos, Fuerteventura sólo albergaría un centro para 250 extranjeros, al igual que las demás islas.