Entre la ley y la buena voluntad
El 'Informe Aldama' intenta un difícil equilibrio entre la libertad de las empresas y el respeto al pequeño inversor
El Ministro de Economía, Rodrigo Rato, tiene sobre la mesa la propuesta de la Comisión Aldama para mejorar el gobierno de las empresas cotizadas y, de paso, recuperar la confianza de los inversores tras la sucesión de escándalos empresariales. A la espera de las decisiones del Gobierno, el texto reabre el debate sobre el difícil equilibrio entre regulación y libertad en esta cuestión.
El texto apela al principio de 'cumplir o explicar', que ayudó a extender estas normas en el Reino Unido
La Comisión Aldama ha terminado casi como su predecesora, la Comisión Olivencia que en 1998 elaboró el primer código de buen gobierno para las empresas cotizadas en España: dejando amplia libertad a las compañías para que decidan cómo se organizan, si su presidente debe ser ejecutivo o no, el número conveniente de consejeros independientes, la edad de jubilación de sus consejeros o si hacen público y de forma desglosada el salario que pagan a sus responsables. Ha dado un paso más al pedir que se obligue a las empresas a informar sobre estas cuestiones; a dotarse de un reglamento para la Junta de Accionistas y otro para el Consejo de Administración; y que se detallen en la ley los deberes y responsabilidades de los directivos y administradores.
Todo ello bajo el principio de "cumplir o explicar", que ha funcionado de forma impecable en el Reino Unido, pero que aún debe mostrar su eficacia en España, donde la cultura empreasarial es diferente y no se ha caracterizado por cumplir con el Código Olivencia.
El texto final denota un esfuerzo por contentar a todo el mundo: a las empresas, preocupadas por que la respuesta fuera un exceso de regulación; al Gobierno, que acababa de recibir una propuesta de Código de Sociedades que choca con su idea de libertad de empresa; e incluso a sus antecesores, los sabios que elaboraron las 23 recomendaciones del Código Olivencia, que se mantiene como texto básico ya que el Informe Aldama no es un código de buen gobierno, sino la suma de aclaraciones sobre el existente y propuestas para que mejore su cumplimiento.
Las propuestas de Aldama se quedan lejos de las que se plantean hoy en Estados Unidos y el Reino Unido, países donde el buen gobierno tiene más tradición y con una realidad empresarial muy diferente. Esta misma semana, se publicaba en el Reino Unido el Informe Higgs, que vuelve a dar supremacía en los consejos a los independientes, en la línea de lo que hizo la Bolsa de Nueva York en verano.
El ex presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Juan Fernández-Armesto, y el catedrático Alberto Lafuente analizan el impacto del Informe Aldama así como las cuestiones societarias que quedan por resolver.
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