La izquierda y los sindicatos se atribuyen la restitución de los derechos de los jornaleros

"Hoy es un gran día para Andalucía". Así comenzó ayer el presidente de la Junta, Manuel Chaves, una intervención en la que analizó la propuesta definitiva del ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, sobre el futuro de los jornaleros andaluces y extremeños. Los partidos de izquierda y los sindicatos se atribuyeron el cambio del Gobierno, cuyo proyecto inicial, incluido en el decretazo, ha sufrido una amplia contestación en los últimos ocho meses. Chaves subrayó que el Gobierno ha "cambiado radicalmente" sus posiciones y que ha tomado nota del "error político" de "imponer" una reforma laboral. El secretario general del PP, Javier Arenas, destacó que ha triunfado "el diálogo" y el papel "clave" del PP andaluz para resolver el conflicto.

"Consideramos que hemos conseguido un triunfo sin precedentes", dice Pastrana

La polémica causada por la reforma laboral recogida en el decretazo, aprobado en mayo del año pasado, dio ayer sus últimos coletazos en Andalucía y Extremadura, comunidades en las que este asunto seguía vivo por la negativa del Gobierno a modificar su propuesta inicial de eliminar paulatinamente el subsidio agrario. Tras meses de negociaciones y de movilizaciones, las posiciones se han acercado hasta llegar al punto de encuentro de ayer, que supuso la desconvocatoria de la huelga prevista por CC OO y UGT el próximo 20 de febrero.

Los partidos y sindicatos, salvo el Sindicato de Obreros del Campo, celebraron la propuesta de Zaplana, que se plasmará en un real decreto, aunque las lecturas fueron distintas. En un lado se situaron los partidos de izquierda y los sindicatos y en otro, el PP.

Así, Chaves subrayó que los derechos de los jornaleros se han restituido con la nueva propuesta. "Los aspectos sustanciales que se recogen en el nuevo decreto son prácticamente los mismos que existían en el anterior sistema", dijo Chaves, que lamentó la polémica suscitada por el Gobierno para terminar en el punto de partida. "El objetivo ha sido conseguido, lo hemos conseguido entre todos, y el Gobierno ha tomado nota y tenido en cuenta el error político de no buscar una solución al tema que fuera aceptada por los sindicatos", aseguró Chaves, que añadió que el Ejecutivo de José María Aznar "ha modificado radicalmente sus posiciones iniciales".

Más contundente fue la vicesecretaria general del PSOE, María del Mar Moreno, quien habló de "una rectificación en toda regla" del Gobierno y destacó que la movilización de los sindicatos y de las "fuerzas progresistas" ha sido fundamental para que finalmente haya habido acuerdo.

Arenas, por contra, dio un mérito fundamental al PP andaluz y a su presidenta, Teófila Martínez, en la resolución del conflicto. E hizo hincapié en los aspectos novedosos del sistema para alejar cualquier idea de rectificación del Gobierno. En este sentido, apuntó a que en la nueva propuesta (ya no se llamará subsidio agrario sino renta agraria) se prima la formación y el empleo de los jornaleros.

Especialmente satisfechos se pronunciaron los secretarios regionales de CC OO, Julio Ruiz, y de UGT, Manuel Pastrana. Los sindicalistas afirmaron que el Gobierno central "ha rectificado". "Hoy

hemos enterrado el decretazo", dijeron Ruiz y Pastrana, que señalaron que el cambio "responde sustancialmente a las reivindicaciones de los sindicatos". "Consideramos que hemos alcanzado un triunfo sin precedentes", sentenció Pastrana.

Desde IU, su coordinador regional, Diego Valderas, declaró que lo ocurrido ayer es un "claro triunfo de la movilización social y colectiva de los sectores progresistas sobre lo que significaba una política de agresión a los derechos de Andalucía y Extremadura" y recordó el "éxito" de la "manifestación social tras ocho meses de lucha". El secretario de Empleo del PA, Antonio Jesús Ruiz, felicitó a los trabajadores por "la presión ejercida, que ha hecho mover algo que parecía inamovible".

Los dirigentes sindicales y Chaves coincidieron en algunos carencias que todavía contiene el decreto, como el hecho de que las peonadas en el PER no contabilicen para acceder al subsidio agrario. Los sindicatos señalaron también como negativo la exigencia de diez años de empadronamiento en Andalucía como requisito para acceder al subsidio y el periodo de seis años que se ha establecido para este sistema y anunciaron alegaciones a estas medidas.