El juez frena varias expulsiones de rumanos para verificar si dejan hijos

La expulsión de algunos inmigrantes, detenidos tras la operación policial desarrollada en el asentamiento chabolista erguido bajo la autovía Sevilla-Huelva, no podrá concretarse hasta que la policía compruebe si tienen hijos pequeños a su cargo, que siguen en el campamento. El juez ha pedido a la policía que verifique este extremo en el caso, al menos, de cinco rumanos que están en centros de internamiento y que esgrimieron que tenían pequeños, lo que frenaría probablemente la expulsión.

La falta de documentos que permitan acreditar los lazos familiares o la existencia de descendencia ha sido una de las trabas que ha dificultado la actuación administrativa a la hora de culminar los expedientes abiertos tras la detención de aquellos rumanos que residían en Sevilla de forma irregular y que el Gobierno pretendía que se expulsaran sin demasiadas dilaciones.

En su comparecencia ante el juez, varios inmigrantes adujeron que tenían hijos a su cargo -no todos los menores del poblado acompañaron a sus padres en los calabozos- aunque no podían demostrarlo con certificados ni documentos, según el abogado Antonio Jesús Jiménez, que ha atendido varios casos. Por esta razón, el juez ha pedido a la policía que verifique si permanecen en el asentamiento de Sevilla los hijos de algunos inmigrantes que están ya internados en distintos centros, mientras se culmina el procedimiento de expulsión.

Ésta es la situación de, al menos, cinco rumanos que están en centros de internamiento, pero cuyo futuro está condicionado a las indagaciones policiales pedidas por el juez, encaminadas a conservar la unidad familiar. El abogado considera que lo más probable, en aquellos casos en los que se verifique la existencia de niños, es que el juez no proceda a la expulsión de los inmigrantes.

La separación de niños de alguno de sus progenitores fue censurada esta semana por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que dice que contabilizó en esta situación seis niños, entre ellos dos bebés de 3 y 11 meses, en el asentamiento en una visita realizada el pasado domingo. Todos estos menores estaban al cuidado de uno de sus progenitores, a excepción del bebé de 3 meses que estaba a cargo de su tío, según Chelo Gutiérrez, una de las integrantes del grupo de marginación de Derechos Humanos. "Elena Sava, la madre del bebé, que no tiene pareja, está en el centro de internamiento de Málaga", indicó Gutiérrez.

En los restantes casos, según la organización, uno de los progenitores está también en un centro mientras que el otro sigue en el campamento chabolista. Gutiérrez cree que en la separación de las familias ha podido influir la falta de documentación que acredite la existencia de uniones matrimoniales o descendencia, así como la frecuencia con la que se repiten los apellidos, lo que alienta la confusión a la hora de identificar a los inmigrantes y establecer su parentesco.

Tras la denuncia de Derechos Humanos sobre el supuesto abandono de los bebés, el Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, contactó con la fiscalía de protección de menores que, a su vez, pidió a la policía autonómica -con competencias en materia de menores- que verificase la existencia de estos casos y su situación.

El director general de Coordinación de Políticas Migratorias, Pedro Moya, aseguró ayer que en la visita realizada ayer por la mañana al asentamiento los agentes autonómicos no observaron "anomalías". Todos los menores que localizaron estaban al cuidado de sus madres o familiares, lo que descarta la situación de abandono que obligaría a la Consejería de Asuntos Sociales a hacerse cargo de los pequeños.

Moya reclamó a la Delegación del Gobierno la elaboración de un censo real sobre el número de personas que siguen en el asentamiento para acondicionar las actuaciones sanitarias y educativas al colectivo. "No podemos trazar un plan con garantías si no hay información", indicó. Los técnicos de la Consejería de Gobernación que visitaron el núcleo tras la operación policial contabilizaron cerca de 40 menores, mientras que la Delegación del Gobierno aseguró que sólo quedaban nueve.