Una decena de colectivos pide el cierre de la antigua cárcel de Málaga

Una decena de colectivos reclamó ayer el cierre de la antigua cárcel de Málaga dado su estado ruinoso y la recuperación del edificio para uso ciudadano, una vieja reivindicación social que -pese a haberse plasmado en cuatro mociones aprobadas por unanimidad por el pleno municipal- aún sigue pendiente. Las organizaciones advirtieron además de que la prisión carece de plan de evacuación y contra incendios.

El edificio se utiliza en la actualidad para los 200 presos en régimen abierto que únicamente van a dormir a la cárcel. Los sindicatos describieron ayer unas instalaciones en ruinas, con humedades, paredes semiderruidas y boquetes en los tejados.

Aún más, advirtieron de que el edificio carece de plan de evacuación y contra incendios. "Una situación como la de comisaría puede producirse en cualquier momento", advirtió Chema López, de CCOO, en relación con el fuego provocado en los calabozos en los que murieron siete inmigrantes.

El dirigente sindical aseguró además que las condiciones de hacinamiento vulneran los mandamientos legales. Como ejemplo puntualizó que en el módulo de mujeres hay 42 camas, cuando el pabellón tiene poco más de 45 metros cuadrados. "Hay un hacinamiento peligrosísimo", insistió.

Entre los colectivos que urgieron al cierre de las instalaciones están, además de CC OO, UGT, IU, PSOE, PP y asociaciones vecinales. El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Málaga, Rafael Rodríguez, resumió el sentir de las organizaciones: "Es innnegociable que esos terrenos pertenezcan a la ciudad y que las actuales instalaciones se cierren".

Una sentencia del Tribunal Supremo establece que cuando la antigua cárcel deje de tener uso penitenciario debe revertir de inmediato al municipio. El problema es que aún no no hay ni siquiera terrenos para la construcción del centro de integración social que debe sustituirle, una obra que debería haber entrado en funcionamiento en 2001. El diseño hecho por el Ministerio del Interior contempla que estas nuevas instalaciones den cobijo a 100 internos, una cifra que se queda corta según las organizaciones porque ya hay el doble de reclusos y con la entrada de la Ley de Seguridad estiman que se elevará a 300.

CC OO denunció que la situación de "emergencia" no sólo afecta a los presos, sino también a los trabajadores dada la "carencia absoluta" de los derechos previstos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El PSOE presentará dos proposiciones no de ley para exigir el cierre de las instalaciones, su recuperación para uso ciudadano y el comienzo del edificio que debe sustituirle.