Los socialistas acusan al alcalde de favorecer el "mayor pelotazo de la historia de Castellón"

Con su negativa a responder a las preguntas de la acusación, el alcalde de Castellón, José Luis Gimeno, incidió ayer en su intención de otorgar a la querella de los concejales socialistas por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsificación de documento público, un carácter político. "Tienen su derecho a preguntar en el Ayuntamiento", dijo Gimeno, mientras que fuentes de la empresa Calviga, cuyo máximo representante, Luis Batalla, también compareció ayer imputado de los mismos delitos, manifestaron su intención de "no valorar la situación política que se ha generado".

El Ayuntamiento de Castellón adjudicó a la empresa Calviga, filial de Lubasa, la urbanización de los terrenos que quedaban liberados tras el soterramiento de la vía férrea, un área en la que, según se ha anunciado, se ubicará El Corte Inglés. Años antes, el consistorio había plasmado su intención de expropiar estos terrenos. Sin embargo, finalmente, Renfe se quedó una parte y la otra fue utilizada por el Ayuntamiento como moneda de cambio ante la necesidad de desarrollar la zona.

Para ello, hubo de realizar una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), con la que se recalificaba parte de este suelo y se le otorgaba un uso y edificabilidad distinto al previsto en el Plan. Esto provocó varios contenciosos particulares todavía pendientes. José Luis Gimeno está acusado de un presunto delito de tráfico de influencias ya que los concejales del grupo municipal socialista consideran que Batalla gozó de información privilegiada. Además, tal como ha indicado el portavoz adjunto del grupo, Miguel Alcalde, un miembro de la empresa estuvo presente en las negociaciones con Renfe, que culminaron en la redacción de un convenio.

La adjudicación de la obra se realizó tras desestimar, por una cuestión formal, otra oferta presentada por los comerciantes de Castellón, que también han acudido a los tribunales. Por eso, Gimeno está acusado de presunta prevaricación, es decir, dictar una resolución a sabiendas de que es injusta. Ambas acusaciones se centran en que, según Alcalde, "Gimeno ha propiciado que Renfe y Batalla den el mayor pelotazo urbanístico de la historia de Castellón".

La tercera acusación, la de falsificación de documento público, se refiere a la aparición de unos recibos, presuntamente manipulados, con los que la empresa Calviga hacía efectiva una deuda que le imposibilitaba para ser adjudicataria del ayuntamiento. Ayer, después de cerca de dos meses desde que se realizara la acusación, el alcalde indicó que los recibos se emitieron a nombre de la empresa de manera "errónea".