La Guerra Civil ha terminado...

Cuando el general Franco afirmó, en el último parte oficial de la Guerra Civil, que ésta, el 1 de abril de 1939, había terminado, no reflejaba totalmente la realidad, como bien se pudo comprobar en los años posteriores. Ha sido después de la restauración de la Monarquía democrática cuando se han dado pasos importantes para la superación de los efectos de aquella guerra y para el logro de la pacificación nacional.

Últimamente, el 20 de noviembre pasado (fecha, por cierto, no carente de significado), el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley, suscrita por todos grupos parlamentarios, en la que después de recordar, entre otros, al presidente de la II República, Manuel Azaña, al que se califica "de gran español" (¡el último, por ahora, triunfo parlamentario de don Manuel!), se expresan, con hermosas palabras, ideas dirigidas a la reparación "de la dignidad de las personas que padecieron persecución durante el régimen franquista", a las que además se les rinde un tributo "de admiración y afecto por la lealtad a sus convicciones y el sufrimiento que hubieron de padecer". Bien, es un paso importante. Pero la liquidación de la Guerra Civil no está acabada. El paso de los años, afortunadamente, ha cerrado muchas de sus heridas o hecho imposible o innecesaria su curación. La historia, con su sabiduría, dará su opinión sobre la II República y el régimen de Franco, ahora que sus intervinientes ya no viven o están en trance de partir para su último viaje, y los españoles sacarán -si todavía no lo han hecho- las enseñanzas oportunas.

Quedan, sin embargo, algunas cuestiones que por razones de justicia y por afectar a personas o a instituciones todavía presentes, en sus intereses o en su memoria o dignidad, es necesario reparar en lo posible.

No es un problema nuevo. El mismo Franco promulgó recién acabada la guerra la ley de 8 de mayo de 1939, en la que se estableció una vía para anular todas las resoluciones civiles, penales y contencioso-administrativas dictadas desde el 18 de julio de 1936 por "funcionarios extraños al Movimiento Nacional", aunque fueran firmes o definitivas. Entre ellas las dictadas por el Tribunal de Casación de Cataluña.

Esta ley, aprobada para revisar las injusticias cometidas durante la guerra en la zona leal a la República, constituye ahora un precedente de sumo interés para la solución del mismo problema en todo el territorio nacional. Con prudencia, sí, pero con justicia también. La ley cuya promulgación se preconiza buscará la solución, con criterios jurídicos, de algunos de los problemas históricos pendientes (así, entre otros, los relacionados con las muertes del presidente Companys, el general Batet y el dirigente de Unió Democràtica de Catalunya Carrasco Formiguera, o la prisión de Julián Besteiro, por citar algunos de los casos más notorios).

Se trataría de ponderar la conveniencia de aprobar una ley temporal durante cuyo periodo de vigencia se concedería a las personas interesadas el derecho a solicitar la revisión de las resoluciones dictadas, por motivos políticos, durante la etapa franquista, referidas a materias de naturaleza penal, sancionadora o privativas de derechos o bienes, a las que se suprimiría su valor de cosa juzgada.

La ley, a la que sería bueno que pudieran acogerse también las personas que no lo hicieron con la ley de 8 de mayo de 1939 pese a haber sido represaliadas en la zona republicana, sería aplicada, como es lógico, por los tribunales ordinarios competentes, y los hechos, revisados a la luz de la vigente legalidad.

El ser vencedor en una guerra no significa tener toda la razón. La comisión de actos injustos con mayor o menor explicación en su contexto histórico no elimina la obligación de las generaciones futuras de dulcificar los

efectos de aquéllos. Todo parece indicar que ha llegado el momento de dar otro paso a favor de la superación de la guerra de 1936-39.

La humanidad de proceder, al cabo de tantos años, a la reconsideración de resoluciones dictadas en situaciones de anormalidad o de excepción es razonable y propia de un Estado, como el español, que proclama como valores supremos de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo.

Otra cosa es que algún sector pueda opinar que la revisión de esas resoluciones en la actualidad resulta innecesaria e incluso imprudente. Es ésta una cuestión que han de decidir la sociedad y el legislador. Su respuesta no será neutral. De ella depende que ahora y definitivamente se pueda afirmar que la Guerra Civil, ¡por fin!, ha terminado.

Ángel García Fontanet es presidente de la Fundación Pi i Sunyer y magistrado del TSJC.