Las cárceles superan el 100% de ocupación tras ingresar 4.500 nuevos presos en un año

"Vamos a barrer de las calles a los pequeños delincuentes", proclamó en septiembre pasado, durante un mitin, José María Aznar. Lo que no aclaró es dónde pensaba meterlos. Las cárceles españolas, según datos oficiales, tienen actualmente un 106% de ocupación. En los últimos 12 meses la población reclusa ha crecido casi un 10%, con 4.500 nuevos presos. Hacienda e Interior llegaron el viernes a un acuerdo por el que el primero adelantará 180 millones de euros para iniciar este año la construcción de cuatro cárceles en Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana.

En agosto de 1998, el Consejo de Ministros adoptó un acuerdo por el que revisaba el plan de amortización y creación de centros penitenciarios aprobado en 1991 por el Gobierno, que entonces era socialista. Entre los reajustes figuraba la supresión de la cárcel prevista en Guadalajara, con el argumento de que "no se ha producido una evolución de la población reclusa en los términos en que en su momento se cuantificó".Por el contrario, se apreciaba "tendencia a la baja".

En 1998, España tenía 44.700 reclusos. Hace 10 días superaba los 52.000. El pasado verano, la Dirección General de Instituciones Penitencias decidió adelantar la incorporación de 514 nuevos funcionarios de prisiones y contratar a 100 interinos para permitir la apertura de 30 módulos, con un total de 2.200 celdas, que seguían cerrados por falta de personal. Los datos que en ese momento tenía el director general, Ángel Yuste, apuntaban ya a un incremento "inusual y significativo" del número de presos.

La supresión de los beneficios penitenciarios, en el Código Penal de 1995, y la dificultad de los inmigrantes para acceder a la libertad provisional, entre otras razones, explican la actual situación, que vendrá a agravarse con las medidas contra la delincuencia anunciadas por el Gobierno.

Una litera en cada celda

José Luis Pascual, secretario general de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), el sindicato mayoritario entre los 18.000 funcionarios de prisiones dependientes del Estado, asegura que, si continúa la actual tendencia, la situación se hará explosiva en verano. Para Ángel Párraga, dirigente de Comisiones Obreras, la situación es ya explosiva ahora. "No pasa un solo día sin que se requise un objeto punzante, haya un intento de agresión o una pelea entre internos", argumenta. A su juicio, sólo la administración de metadona a los drogodependientes ha evitado que se repitan los violentos motines de los años ochenta.

Instituciones Penitenciarias cifra en el 106% la ocupación media de las prisiones. En el cálculo computa no sólo las celdas funcionales, sino también las de aislamiento, ingreso o enfermería, que deberían estar libres para atender a los presos sancionados, recién llegados o enfermos. Así, si una prisión tipo tiene 1.008 plazas según el diseño oficial, Interior las aumenta a 1.214.

Pero, además, según dijo Yuste en el Congreso de los Diputados el 10 de octubre, la capacidad puede llegar hasta 2.000 reclusos por la sencilla técnica de poner una litera en cada celda, lo que ya estaba previsto cuando se hicieron. "En una habitación de 10 metros cuadrados hay multitud de españoles que pernoctan [juntos]", alegó.

Esta idea (que homologa la intimidad forzada con la voluntaria) contraviene la Ley General Penitenciaria, según la cual los internos deben alojarse en celdas individuales y sólo por razones extraordinarias (insuficiencia temporal de espacio o prescripción de los especialistas) puede recurrirse al alojamiento compartido. El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha recordado que la celda individual no sólo responde a un mandato de la legislación española sino de las reglas mínimas del Consejo de Europa sobre tratamiento de reclusos.

Si la situación es grave, en algunas zonas, como Canarias, resulta crítica. Aunque el Gobierno sólo renunció en 1998 a la prisión de Guadalajara, no se han construido tres de las previstas en 1991: Gran Canaria, Navarra y País Vasco. En el Plan Plurianual de Prisiones figura una partida de casi 100 millones de euros para el nuevo centro de Canarias. Pero el problema no es la falta de dinero.

A principios de julio pasado, el alcalde de Las Palmas y presidente del PP en el archipiélago, José Manuel Soria, aseguró al entonces ministro del Interior, Mariano Rajoy, que tenía el pleno respaldo del partido para sacar adelante la nueva prisión. De aquella charla, en el selecto club de golf El Cortijo, salió Rajoy con la idea de que había logrado desbloquear un problema enquistado desde hace una década.

El alcalde de Santa María de Guía, Francisco Bañolas (de Coalición Canaria) había ofrecido 300.000 metros cuadrados para el centro penitenciario, a cambio de casi tres millones de euros -cifra que representa un tercio de su presupuesto municipal-, y el compromiso de invertir 60 millones en el arreglo de carreteras y la construcción de la cárcel con mano de obra local. Pero Bañolas no contaba con la oposición de 14.200 vecinos, que rechazaron el proyecto en un referéndum.

Desde entonces no se ha encontrado ningún otro municipio dispuesto a albergar la cárcel, informa Juan Manuel Pardellas, a pesar de que los funcionarios de la prisión de Salto del Negro han advertido de que no pueden garantizar la seguridad de los internos en este centro de Las Palmas. A pesar de que Instituciones Penitenciarias reconoce que la situación de Canarias es la más crítica, su prisión no figura entre las cuatro cuya construcción se pretende iniciar este mismo año, gracias al crédito extraordinario que Hacienda comprometió el pasado viernes con Interior.

Dos de los nuevos centros se emplazarán en Andalucía, uno en Madrid y otro en la Comunidad Valenciana, pero, a pesar de que será imposible iniciar la obra este año si no se agilizan al máximo los trámites, Interior no ha querido revelar su localización.

Hace varios meses se publicó que Instituciones Penitenciarias planeaba instalarla en la localidad malagueña de Alaurín de la Torre, gobernada por el PP. "Aquí ya tenemos una cárcel y no necesitamos otra", afirma el alcalde, Joaquín Villanova, quien recuerda que su antecesor en el cargo fue detenido por la Guardia Civil por intentar impedir las obras y que el enfrentamiento llegó al punto de que el PSOE local se escindió y perdió las elecciones. "La verdad es que, al final, la prisión no ha tenido impacto negativo, porque han hecho una carretera directa desde Málaga", reconoce. "Se puede decir que no ha beneficiado mucho, pero tampoco ha perjudicado".

Nadie quiere una cárcel en su pueblo. Pequeños municipios como Topas (Salamanca, 630 habitantes ) o Nanclares de Oca (Álava, 2.000) son conocidos en toda España por el centro penitenciario que lleva su nombre.

Acebes tendrá presente este problema. Según se recordaba el pasado miércoles en una misiva publicada en la sección de cartas al director de EL PAÍS, en 1993 el actual ministro del Interior, junto al ahora director general de la Policía, Agustín Díaz de Mera, se opuso como presidente provincial del PP a la decisión del Ayuntamiento de Cebreros (Ávila) de ofrecer terrenos para la construcción de una prisión.

La diputada socialista Mercedes Gallizo no acaba de creerse que el Gobierno inicie este año los cuatro centros penitenciarios prometidos, pues hace sólo dos meses, en el debate parlamentario de Presupuestos, el PP rechazó las enmiendas de su grupo para dotar de fondos estos proyectos. Las 12 cárceles inauguradas desde que gobierna el PP, recuerda, fueron todas planeadas cuando gobernaba el PSOE y aún no se ha entregado ninguno de los 24 centros de inserción social a los que, según el acuerdo adoptado por el Gobierno en 1998, había que dar prioridad.

En el mejor de los casos, las nuevas prisiones no abrirán sus puertas antes de 2006, pues sólo la ejecución de las obras requiere 18 meses. Mientras tanto, la actual infraestructura carcelaria deberá soportar no sólo el incremento de reclusos que se viene produciendo en los últimos tiempos, sino el que previsiblemente se derivará de la catarata de medidas derivadas de la campaña Más seguridad, menos impuestos, que ha puesto en marcha el PP de cara a las elecciones municipales. "El problema es que para cuando van a hacer falta las cárceles, no estarán", se lamenta José Ramón López, presidente del sindicato Acaip.

Déficit de funcionarios

Ni el Ministerio del Interior ni el de Justicia han hecho un estudio sobre las consecuencias que para el sistema penitenciario tendrán medidas como la conversión en delito de la acumulación de cuatro faltas (conducir sin seguro obligatorio o destrozar mobiliario urbano, entre otras) y la supresión de los arrestos de fin de semana. Sólo la expulsión de los inmigrantes irregulares acusados de delitos con penas inferiores a seis años puede compensar en parte el incremento de población carcelaria, pero no hay estadísticas oficiales sobre cuántos de los más de 10.000 reclusos extranjeros cumplen el requisito.

A estas alturas, también se desconoce cuántos nuevos funcionarios de prisiones se van a contratar este año, al contrario de lo que sucede con las incorporaciones al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil, a pesar de que la plantilla actual tiene un déficit de al menos 2.000 trabajadores, según los sindicatos.

"Sin personal suficiente y bien preparado no hay tratamiento penitenciario y la cárcel se convierte en un lugar donde aparcar a personas conflictivas. Pero, tarde o temprano", advierte Mercedes Gallizo, "el delincuente volverá a salir a la calle y, si no se ha hecho un trabajo de rehabilitación, será peor que cuando entró. Por eso, la rehabilitación no es sólo un mandato constitucional, sino el requisito para que una política de seguridad ciudadana sea eficaz a medio plazo y no un mero señuelo electoral".