Desaparecidos en Marruecos

Cuéntanos todo o, de lo contrario, acabaremos contigo". Rachid Rami escuchó esta frase montones de veces mientras le llovían los golpes en algún edificio de Rabat que no puede identificar.

Hasta allí le habían conducido, con los ojos vendados, cinco hombres de paisano que el 14 de diciembre le sacaron a la fuerza de la habitación de su hotel. "Sabes muy bien quiénes somos, no hace falta que preguntes", le contestaban cuando Rami trataba de averiguar la identidad de sus captores.

Rami, un comerciante de Ujda, tuvo suerte. Al cabo de dos semanas, sus cancerberos le soltaron en pleno centro de Rabat sin más explicaciones. Detrás de él dejó otros reos, a los que nunca llegó a ver pero de los que supone que eran islamistas porque, recuerda en una conversación telefónica con EL PAÍS, "rezaban en voz alta a todas horas".

A diferencia de los tiempos de Hassan II, la oposición ha denunciado las detenciones ilegales y el Gobierno ha tenido que responder a la acusación

Los islamistas marroquíes y sus adversarios laicos luchan ahora codo a codo por una misma causa: aclarar la suerte de los secuestrados desde mayo

Este negociante de Ujda es uno de los secuestrados en Marruecos desde mayo pasado por, presumiblemente, la Dirección de Vigilancia del Territorio (DST, según sus iniciales en francés), el principal servicio secreto civil. A diferencia de los demás apresados, Rami no es islamista, y por eso no ha dudado en relatar a la prensa su desagradable experiencia.

Al principio, en mayo, la prensa vinculada al Partido de la Justicia y del Desarrollo (PJD), una formación islamista moderada con representación parlamentaria, clamaba en solitario cuando denunciaba la desaparición de sus correligionarios afiliados a grupúsculos mucho más radicales.

Las organizaciones de derechos humanos marroquíes tardaron algo en movilizarse porque a sus miembros laicos se les hacía un poco cuesta arriba amparar a militantes con una ideología alejada de los valores democráticos, algunos de los cuales podían incluso tener inclinaciones violentas.

Antes del verano empezaron a levantar la voz, y a finales de año pusieron ya el grito en el cielo. En Nochevieja, las tres agrupaciones de defensa de las libertades, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), el Foro Justicia y Verdad (FJV) y la moderada Organización Marroquí de Derechos Humanos (OMDH), muy cercana a los socialistas, denunciaron conjuntamente "decenas de secuestros" de marroquíes y extranjeros perpetrados por los "servicios secretos".

En una carta remitida a los ministros de Justicia e Interior, las tres ONG señalaban que los secuestrados desaparecían varios días o varios meses durante los cuales permanecían "en lugares secretos de detención" en los que "padecen torturas físicas y psíquicas mientras son constantemente interrogados".

¿Cuántos son? Las tres asociaciones han identificado a 23 desaparecidos, pero sospechan que son mucho más numerosos porque sus familias, generalmente humildes, desconocen los mecanismos para alertar a la opinión pública o temen las represalias que podría acarrear una denuncia.

Paralelamente a las ONG, los islamistas del PJD, la tercera fuerza electoral, preguntaron al Gobierno, a principios de mes, en la Cámara baja, por los desaparecidos. Han pedido incluso a los demás grupos parlamentarios la creación de una comisión de investigación. He aquí, paradójicamente, a los islamistas y a sus adversarios laicos luchando codo a codo por una misma causa.

La situación recuerda a los abusos de los años sesenta o setenta, cuando reinaba Hassan II, en los que cientos de marroquíes, en su mayoría militantes de extrema izquierda, y de saharauis fueron vistos por última vez cuando los policías les apresaban. "La mentalidad de los responsables no ha cambiado y la nueva era no ha empezado", se lamenta Abdelilah Benabdessalam, de la AMDH.

Hay, sin embargo, algunas diferencias sustanciales. Hasta la fecha, que se sepa, ningún secuestrado ha muerto; la oposición política y la sociedad civil han podido denunciar públicamente las desapariciones, y el Gobierno marroquí se ha visto obligado a dar una explicación en el Parlamento, algo poco corriente en el mundo árabe.

"No es razonable", afirmó en el hemiciclo Mohamed Aujjar, ministro de Derechos Humanos, "que volvamos a oír hablar de la reintroducción de antiguas prácticas tras todos los avances logrados por el país en materia de derechos humanos".

Nabil Denabdellah, el ministro portavoz del Gobierno y dirigente del antiguo partido comunista, hizo un desmentido más contundente. Sostuvo que las ONG se habían hecho eco de "rumores infundados".

Pese a su inconsistencia, los "rumores" dieron lugar, según Al Ahdath Al Magribia, el periódico con más difusión en Marruecos, a un agrio debate en el último Consejo de Ministros del año. Aunque en el Parlamento refutó la acusación, Aujjar lamentó a puerta cerrada que los servicios recurriesen a estos métodos siniestros, según ese diario cercano al partido socialista. El ministro Mohamed el Yazghi, número dos del partido socialista, también se declaró preocupado.

Driss Jettu

Nombrado en octubre por el rey Mohamed VI, Driss Jettu es, sin duda, uno de los primeros ministros con más poder de la historia de Marruecos. Pero este empresario convertido en político no controla a la poderosa DST, en manos del general de Gendarmería Hamidu Laanigri, que depende directamente del palacio real.

Cuando, antes de dirigir el Gobierno, estuvo al frente de la cartera de Interior, Jettu tampoco tuvo bajo su autoridad al aparato policial, que estaba a las órdenes del entonces secretario de Estado, Fuad Alí Himma, amigo de colegio del monarca. "Es como si le diera repelús meterse en esos asuntos escabrosos", explica un diplomático.