El Ejército mexicano desmantela la policía antidroga por corrupción
Más de cien agentes son detenidos por narcotráfico en 11 Estados
El Ejército mexicano ocupó el pasado jueves las instalaciones de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Salud (FEADS) en 11 de los 31 Estados del país, durante una acción de alcance sin precedentes que certifica la corrosiva penetración del narcotráfico en las instituciones del Estado. Todo el armamento, documentación y medios de interceptación terrestre de esas oficinas fueron confiscados.
Siete policías, detenidos, exigían a dos narcotraficantes dos millones de dólares a cambio de liberar cuatro toneladas de marihuana. Un total de 154 empleados de la FEADS, entre policías, investigadores y administrativos, quedaron retenidos en Ciudad de México para determinar el origen de sus propiedades, muchas sospechosas de haber sido acumuladas ilegalmente.
El titular de la Procuraduría General de la República (Fiscalía General), general Rafael Macedo de la Concha, informó ayer de que el organismo allanado será desmantelado para dar paso a otro más centralizado, en aplicación de una nueva ley orgánica.
La nueva estructura privilegiará la investigación y persecución de delitos, y será una especie de fiscalía adjunta, especializada en delincuencia organizada. El propósito es integrar una red que ha tenido hasta ahora una estructura fragmentada y características que permitieron la formación de cacicazgos al servicio del hampa.
Otros 544 agentes de la antigua Policía Judicial Federal y 10 de la nueva Agencia Federal de Investigación (AFI), son también investigados. Pero no es la primera vez que una contraofensiva oficial obliga a nuevas tácticas y a cerrar oficinas. El narcotráfico es como una hidra: cuerpo policial o fiscal que se crea, cuerpo policial o fiscal que es asediado por el soborno y el cohecho.
La FEADS fue creada en 1997 en sustitución del Instituto Nacional de Combate a la Droga, cuyo principal responsable, el general Gutiérrez Rebollo, fue detenido y sentenciado a cárcel como protector del cartel de Juárez. La dinámica es perversa: cuando los cuerpos locales de policía son corrompidos, llegan los policías federales para poner orden, y cuando estos sucumben, interviene el Ejército, acechado también por las millonadas manejadas por los carteles.
La operación castrense del jueves contra la corrupción asociada a los carteles, en la que intervinieron soldados con pertrechos de combate, forma parte de una depuración a fondo que parece no tener fin. Según fuentes oficiales, cerca de 14.000 personas, más de 1.200 en la Administración, han sido detenidas o investigadas desde que el presidente, Vicente Fox, fue investido en diciembre del año 2000.
La intervención del Ejército se produjo seis días después de que un batallón ocupara las oficinas de la FEADS en la ciudad fronteriza de Tijuana, donde fueron detenidos siete policías que habían secuestrado a dos narcotraficantes, a los que exigían dos millones de dólares a cambio de la liberación y entrega de un cargamento de marihuana de cuatro toneladas, confiscadas y no declaradas.
Ángel Buendía, funcionario de la PGR, informó en rueda de prensa de que la presencia militar en las instalaciones de la FEADS especializada tiene como objetivo resguardar la información, bienes y objetos relacionados con la corrupción. Uno de los siete policías bajo custodia tenía una flota de taxis, propiedades inmobiliarias y una pequeña fortuna en efectivo.
"Manos sucias"
Las oficinas investigadas se localizan en los Estados de Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Nayarit, Chiapas, Guerrero, Baja California, Oaxaca, Tabasco, Yucatán y Jalisco. La FEADS tiene 1.779 funcionarios en todo el país: 592 en la Coordinación de Operaciones, 593 policías, 404 en el Centro de Planeación y Control de Drogas, y el resto, personal administrativo.
La Procuraduría General coteja los informes recibidos en la central de Ciudad de México y los archivados en la oficinas intervenidas. El presidente, Vicente Fox, dijo que la arremetida es una advertencia a todos aquellos policías que "anden con las manos sucias, tarde o temprano les vamos a caer (detener)". "Vamos detrás de cada uno de los miembros de cualquier cuerpo policial, sea municipal, sea estatal o sea federal. Vamos a limpiar las corporaciones". La suciedad es mucha y el trabajo arduo.
Espías en la Administración
El narcotráfico mexicano dispone de una red de complicidades dentro de la Administración del Estado que dificulta la acción de la justicia, porque frecuentemente es conocida con anticipación. Tres funcionarios detenidos recientemente trabajan en el Ministerio de Defensa, a las órdenes del narco Ismael El Mayo Zambada y la organización de los hermanos Carrillo Fuentes; seis policías de la Dirección de Seguridad Pública de Veracruz se ocupaban de permitir paso de alijos por el puerto de ese Estado. El jueves ingresaron en prisión los tres los tres ex servidores públicos del Ministerio de Defensa, que formaban parte de una célula de espionaje que recogía información para conocer con precisión los movimientos del personal policial o militar encargados de las operaciones contra el tráfico de drogas y garantizar la impunidad de sus capos. Alguno iba más allá y participó en varios asesinatos por encargo en Ciudad Juárez.
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