La Junta denuncia que hay más menores rumanos que los que le comunicó Zoido

El consejero de Gobernación de la Junta, Alfonso Perales, denunció ayer que la cifra de rumanos aún residentes en el poblado chabolista de Sevilla, especialmente los menores, es "muy superior" a la facilitada por el delegado del Gobierno en Andalucía, Juan Ignacio Zoido, lo que, a su juicio, dificultará las labores de acogida y de inserción de esas personas. Zoido explicó ayer que esa diferencia se debe a que a los regularizados se han sumado los inmigrantes indocumentados que la policía liberó por tener niños a su cargo.

Perales aseguró en Algeciras que el número total de adultos asentados ahora en el campamento es muy superior al dato de 23 regularizados que, según dijo, facilitó la Delegación del Gobierno en Andalucía. El consejero aseguró que lo mismo ocurre en el caso de los menores, cuya cifra exacta desconoce.

Según Perales, "gran parte de los menores no fueron llevados a Comisaría y permanecieron en el asentamiento por lo que no están en ninguna relación", y advirtió de que la previsión es que la cifra total de inmigrantes "pueda seguir aumentando conforme continúe el proceso de identificación y vayan volviendo" al núcleo chabolista.

Agregó que el hecho de que unos noventa de los detenidos tuvieran órdenes de expulsión no ejecutadas pone de manifiesto que la Administración central practica "un discurso de mucha dureza y de penalización contra los inmigrantes, mientras España está llena de personas en situación irregular".

El consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, dijo en Huelva que "como mínimo hay 40 menores por lo que, estamos hablando de cerca 100 personas, entre niños y adultos".

El delegado del Gobierno en Andalucía, Juan Ignacio Zoido, por su parte, explicó ese baile de cifras en el hecho de que al asentamiento, en el que permanecen provisionalmente aquellos inmigrantes con documentación en regla mientras el Ayuntamiento de Sevilla les encuentra acomodo, ha regresado otro grupo de unos 40 adultos y una decena de menores a los que se les tramita la orden de expulsión pero que han sido liberados en atención a su situación familiar, con niños muy pequeños.

Grupos familiares

Zoido explicó que la policía controlará a ese grupo para devolverlos a Rumanía, todos agrupados en sus respectivos grupos familiares, en cuanto concluyan los trámites de repatriación. La Delegación del Gobierno concluyó entre la noche del jueves y la mañana de ayer el traslado de los otros 44 inmigrantes irregulares en autobuses a los centros de internamiento de Málaga y Murcia. Desde allí serán repatriados en los próximos días.

Por su parte, para el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, la operación policial en el poblado era "imprescindible" para que los servicios sociales y de salud pudieran empezar a realizar su trabajo. Los servicios sociales de la Junta trabajan desde el jueves en el poblado acompañados por agentes del Cuerpo Nacional de Policía vestidos de paisano. En los próximos días, empezará la limpieza del asentamiento, que será llevada a cabo por la empresa municipal de limpieza, Lipasam, "respaldada" por la policía Local, según aseguró ayer el delegado de Seguridad Ciudadana, José Gallardo.

La candidata de IU a la alcaldía, Paula Garvín, mostró su indignación por la forma en que las administraciones han intentado acabar con el asentamiento. Según Garvín, la operación ha violado el principio de presunción de inocencia y ha terminado por "criminalizar la inmigración". "Se ha considerado a todos como delincuente y luego se ha comprobado si lo eran o no", aseguró.

IU exigirá en el próximo pleno que se aclaren los acuerdos adoptados en las dos reuniones que han mantenido las administraciones sobre este asentamiento y pedirá a las delegaciones de Educación, Salud y Bienestar Social que pongan en marcha un programa de inserción social.