Declarado inconstitucional el Presupuesto vasco de 2002, aprobado gracias a Batasuna

El Tribunal Constitucional estimó ayer el recurso de inconstitucionalidad promovido, hace un año, por el Gobierno central contra la Ley de Presupuestos vascos para 2002. Las cuentas vascas de ese año se aprobaron gracias a la abstención de Batasuna, dado que el Gobierno tripartito no tiene mayoría absoluta. Sólo salió adelante la parte que quiso Batasuna. El 33% del gasto previsto fue rechazado y tuvo que ser prorrogado el del año anterior. El Tribunal Constitucional estima que se vulneraron los principios de unidad y universalidad recogidos en el artículo 134 de la Carta Magna.

La declaración de nulidad de los Presupuestos vascos no tendrá efectos prácticos. Lo reconoció ayer el ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, quien destacó que la voluntad del Gobierno al presentar el recurso de inconstitucionalidad, hace un año, era "restablecer la legalidad", pero "no perjudicar los intereses de los ciudadanos vascos". Por ello, recordó ayer Arenas, el Gobierno central no reclamó la suspensión presupuestaria cuando presentó el recurso en enero de 2002. No obstante, Arenas pidió que el Parlamento vasco tome inmediatamente medidas para reponer la legalidad.

La ley de Presupuestos vascos de 2002 recogió sólo el 67% del proyecto de Presupuestos presentado por el Gobierno y aproximadamente la mitad de los artículos de la ley, dado que el resto -partidas por 1.933 millones de euros- fue rechazado por la oposición. El Gobierno vasco decidió prorrogar del año anterior las partidas para 2002 no aprobadas en el Parlamento, entre ellas la de Interior.

El recurso del Gobierno central, presentado en enero de 2002, argumentaba que los Presupuestos no incluían "la totalidad" de los ingresos y gastos de la Administración vasca por lo que se creaba una situación "objetivamente confusa" que afectaba a la situación jurídica de los ciudadanos vascos.

Según la sentencia del Tribunal Constitucional, cuyo ponente es Eugenio Gay, la ley de Presupuestos vascos de 2002 vulnera los principios de unidad y universalidad recogidos en el artículo 134 de la Carta Magna al recoger parcialmente las cuentas y no la totalidad de los gastos e ingresos.

Los Presupuestos vascos también vulneran, según el Tribunal Constitucional, los mismos principios, recogidos en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Dicho artículo señala: "Los Presupuestos de las comunidades autónomas tendrán carácter anual e igual período que los del Estado, atenderán el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos de los organismos y entidades integrantes de la misma, y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a tributos atribuidos a las referidas comunidades".

Vulneración del Estatuto

La tercera norma que declara vulnerada el Tribunal Constitucional es el artículo 44 del Estatuto de Autonomía vasco, que señala: "Los Presupuestos Generales del País Vasco contendrán los ingresos y gastos de la actividad pública general y serán elaborados por el Gobierno vasco y aprobados por el Parlamento vasco, de acuerdo con las normas que éste establezca".

Aunque el Gobierno vasco hará hoy una declaración oficial, fuentes del departamento de Hacienda restaron importancia a la sentencia, precisamente porque "no tiene consecuencias prácticas". Su primera impresión es que se trata de un recado para explicar a los vascos "la forma en que se hacen las cosas en el Estado de Derecho del señor Aznar". En opinión de estas fuentes, el recurso de Aznar tenía como objetivo primordial sentar un precedente judicial para dejar claro cómo se hacen las cosas "en un Estado español en el que manda Aznar, y en el que es también Aznar el que nos dice cómo se hacen los Presupuestos".

Oskar Matute, parlamentario de IU-EB, formación que forma parte del Gobierno vasco, afirmó que la decisión del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucionales los Presupuestos de Euskadi de 2002 evidencia "la nula separación de poderes que se vive en el Estado español" por las "acciones" del Gabinete de José María Aznar.

Los partidos de la oposición pidieron dimisiones en el Gobierno de Juan José Ibarretxe al confirmar el Tribunal Constitucional que se trata de un Ejecutivo que "subsiste haciendo trampas" con mecanismos que no se ajustan al Estado de Derecho.

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, pidió la dimisión de la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, a la que responsabiliza de los Presupuestos de 2002, y anunció que estudiarán si recurren contra los de 2003.

Para el portavoz socialista Rodolfo Ares, "Ibarretxe es el máximo responsable político de esta situación por su incapacidad manifiesta para dialogar con los partidos de la oposición y por su interés en amordazar al Parlamento Vasco y subordinarlo a sus propios intereses". Cree que los partidos que forman el Ejecutivo deberían pedir perdón a la oposición por "los graves insultos y descalificaciones que recibió en su día por defender posiciones que ahora el Tribunal Constitucional está respaldando".