La etiqueta europea de calidad social

La exigencia de calidad siempre ha estado presente en la actividad mercantil, aunque el concepto ha sufrido profundos cambios a lo largo del tiempo. De la adecuación de los productos al uso para el que fueron producidos, propia del concepto de calidad de la sociedad artesanal del medievo, pasando por entenderla como el cumplimiento de las especificaciones que requiere la producción en cadena de la sociedad industrial, hasta la gestión de la calidad total, hay un largo recorrido que marcha paralelo a la evolución y desarrollo de los medios de producción y a los cambios correspondientes del entramado social.

El concepto de calidad en la CE ha desbordado los límites de la actividad productiva y está presente en las exigencias de una sociedad cada vez más rigurosa en la fijación de las condiciones sociales y medioambientales para el ejercicio de la actividad industrial o de transformación. Las condiciones que la sociedad europea exige a sus industrias en materia de seguridad y salud laboral, de conducta medioambiental, de compromisos laborales o incluso de información a los agentes sociales, etc, es rigurosa y compleja, orientada a la consecución del desarrollo sostenible, y a lograr la humanización de los procesos productivos y su compatibilidad con las conquistas sociales derivadas del Estado del Bienestar.

En el entorno de una economía mundialmente integrada, este conjunto de exigencias que imponemos a la industria europea, supone una pesada carga a la hora de competir con otros países menos rigurosos en estas materias pero que, no obstante, se esfuerzan con entusiasmo y laboriosidad por industrializarse, para elevar aceleradamente sus bajos niveles de renta.

Utilizar las medidas arancelarias proteccionistas, hoy por hoy es políticamente incorrecto en la CE, y las actuaciones de defensa comercial apoyadas en mecanismos antidumping o en cláusulas de salvaguardia, tienen enorme complejidad y lentitud administrativa en el ámbito burocrático de la Europa comunitaria. Los casos de conflicto comercial son numerosos y corresponden a multitud de sectores, porque la avalancha de productos extracomunitarios a precios alarmantemente reducidos, se ha convertido en un serio problema para la industria manufacturera europea.

Si queremos mantener las conquistas sociales de las últimas décadas, fruto de nuestro elevado nivel de desarrollo, tenemos que reaccionar con diligencia y prontitud, como ha venido a reconocer el comisario europeo de Empresas, Erkki Liikamen, en su reciente informe sobre la política industrial de la CE y el deterioro de su potencial de crecimiento.

La defensa de la calidad como un factor diferenciador, la introducción de normalización en los procesos productivos, incluyendo la ISO 9000 de gestión de la calidad y la ISO 14000 relativa a la gestión medioambiental, la incipiente eco label o el punto de referencia que significa el premio europeo de calidad EFQM, todavía no han calado socialmente como efecto diferenciador de un estilo propio europeo.

Frente a esta realidad, el sufrido ciudadano consumidor se esfuerza en optimizar su renta utilizando su indisputado derecho de comprar barato. Su actuación, aunque humanamente comprensible, es abiertamente contradictoria. Es exigente con la industria europea, pero a la hora de comprar se decide por productos de países con costes de producción y precios muy inferiores, porque no respetan los mismos códigos de conducta social o comercial. Al tiempo que compra barato, el consumidor europeo mira hacia otro lado adormeciendo transitoriamente su activa conciencia social.

Ante esta realidad cada vez más asfixiante para la actividad de trasformación europea, sólo cabe una reacción colectiva articulada políticamente desde la propia CE y respaldada por el conjunto de la sociedad civil.

Una propuesta a valorar es la creación de una social label europea que respalde la actuación certificada o acreditada de las empresas europeas de acuerdo a unas normas que abarquen al conjunto de su actividad. Esta futura social label iría más allá de las dispersas normalizaciones, y sin duda, para que fuera efectiva, debería contar con una fuerte campaña mediática y social de alcance europeo, respaldada por la propia CE.

El contenido de la social label propuesta trasciende, lógicamente, el alcance de este artículo. Debería ser el resultado de un amplio consenso para fijar las condiciones mínimas de su contenido y aunque pudiera recoger aspectos de la filosofía del premio europeo de calidad EFQM, tendría que contar con mayor operatividad y podría obtenerla cualquier empresa europea que cumpliera sus requisitos. Así, a modo orientativo, recogería la aplicación efectiva de un código ético de comportamiento social en sus órganos de gobierno, en su política sindical, en su interacción con el entorno, en sus relaciones laborales, en su compromiso con la formación y la empleabilidad de su equipo humano, en la seguridad de sus instalaciones y el control del riesgo ecológico, en su política de comunicación interna y externa, en la reversión social de sus excedentes, en su política de mecenazgo, en la política de incorporación de discapacitados, de integración de minorías, de respeto a la igualdad entre sexos, etc.

Todos estos aspectos, convenientemente estructurados y evaluados, permitirían acceder a la correspondiente certificación por organismos acreditados de alcance europeo. Las empresas que la consiguieran podrían dar publicidad a la acreditación de la social label, presentándose ante el mercado como productoras de bienes y servicios realizados con un criterio social en sentido global.

Soy consciente de que el objetivo es ambicioso, pero la aceleración de los cambios y el alarmante deterioro y fragilidad de la competitividad de la industria europea, especialmente de la pequeña y mediana empresa manufacturera, por la sobreabundancia de cargas que soporta sin compensación comercial reconocida a su esfuerzo, aconsejan actuar con urgencia en la línea que propongo. Con ello, si no se consigue invertir la tendencia, al menos es posible contenerla transitoriamente, dando tiempo a que las empresas adapten sus estructuras a la nueva situación y el conjunto de la sociedad clarifique sus contradicciones y seleccione sus prioridades.

El consumidor europeo, que es a la vez sujeto activo y pasivo de los procesos comerciales, porque actúa al mismo tiempo como unidad de producción y de consumo, podrá, con ayuda social y mediática, orientar las compras de acuerdo con sus convicciones, que sin duda puede hace valer, preservando la identificación más apreciada de lo que es y representa Europa en el mundo: las conquistas sociales del Estado del Bienestar, que debemos defender activamente, adaptando sus estructuras y perfeccionando su contenido, como nuestra más valiosa marca de identidad comunitaria.

Fernando Diago de la Presentación es presidente de la Federación Europea de Fabricantes de Baldosas Cerámicas y Ascer (Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos).