La oposición y el PP pactan la Ley de Cajas de Ahorros

Un acuerdo entre PSOE y PP e IU ha recortado al Gobierno regional la posibilidad de intervenir en Caja Madrid en el nombramiento de nuevos consejeros provenientes de entidades sociales. Las nuevas enmiendas a la Ley de Cajas presentadas por el PP garantizan la participación de sindicatos y empresas y reducen la de nuevas entidades en los órganos de dirección, en línea con lo que pedía la oposición. Esta despolitización en el nombramiento de consejeros ha hecho que IU haya anunciado que votará a favor de esta ley.

El próximo febrero, cuando se celebre la comisión en la que se debatirán las enmiendas a la Ley de Cajas propuesta por el Gobierno regional de Alberto Ruiz-Gallardón, se saldará -casi con toda seguridad- con una ley consensuada entre las tres fuerzas políticas que componen el Parlamento madrileño: PP, PSOE e IU. El acuerdo alcanzado entre las tres fuerzas políticas recorta los poderes del Gobierno regional (del actual y de los venideros) y le retira la facultad de dar su aprobación a los nuevos representantes elegidos por entidades de carácter social.

Franco González (IU) anunciaba ayer: "Si las cosas no cambian, nuestro grupo votará a favor de las enmiendas que el PP ha presentado". González añade: "IU ha defendido siempre la presencia institucional de las fuerzas políticas y eso parece garantizado, con lo que no tenemos argumentos para votar en contra. Y además con estas enmiendas se recorta el poder del Gobierno regional, con lo que los órganos de gobierno de la Caja no dependerán del partido que gane las elecciones".

El PP ha presentado 18 enmiendas, de las que seis han sido consensuadas con los socialistas. "Y otras cuentan con el apoyo del grupo del PSOE, porque se basan en cuestión de matiz. Algunas están pendientes de debate, pero confío en que encontraremos fórmulas de acuerdo", aseguró Adolfo Piñedo, responsable socialista de esta ley. Las seis enmiendas se refieren a uno de los aspectos que había provocado mayores discrepancias: la participación en el Consejo General de la Caja.

Pedro Muñoz Abrines, portavoz adjunto del PP, daba también por hecho el acuerdo: "Porque nunca nos hemos negado a la negociación. Siempre hemos defendido la necesidad de hacer un texto que fuera aceptado por todas las fuerzas políticas, Y eso es lo que hemos hecho", dijo Muñoz Abrines.

"Donde hemos podido hemos cedido. Pero el PSOE nos pide más de lo que ellos han aceptado en Andalucía, por ejemplo, donde gobiernan", añadió el portavoz popular. Las discrepancias se han registrado en este debate en la cuota de participación de los diversos sectores en el Consejo General de la Caja. Las enmiendas del PP dan una representación del 25% a las corporaciones municipales (el texto del Gobierno habla de un 24%), de un 10% a la Asamblea (frente al 9% de la propuesta del Gobierno), del 9% a los empleados (el texto gubernamental les daba un 8%) y de un 8% a las entidades representativas (el PP proponía en principio un 11%). No obstante, es en este último punto donde quedan algunas diferencias. El PSOE propone que este 8% se divida en tres tercios: uno para sindicatos reconocidos en el Consejo Económico y Social (CES), otro tercio para las entidades empresariales del CES y otro tercio para las universidades.

El PP propone un cuarto para sindicatos, un cuarto para asociaciones empresariales y dos cuartos para otras entidades sociales. Según Muñoz Abrines, es una oferta más equilibrada que la que el PSOE defiende en Andalucía, donde a sindicatos y empresarios les da un tercio a repartir.

En cualquier caso, los tres grupos están de acuerdo en que "no hay discrepancias que hagan temer un rechazo de la ley". Franco González, por IU, acepta que su mayor discrepancia -la instrumentalización política de las cajas- ha quedado resuelta, Y el PSOE admite que "no será difícil el acuerdo" con los populares.

El PP ha aceptado quitar al Gobierno la facultad de ratificar los nombramientos de los consejeros y ha cambiado el plazo hasta el 30 de junio (tras los próximos comicios del 25 de mayo) para elegir consejeros por las entidades representativas. También ha aceptado que para ser miembro del patronato haya que ser consejero, cosa que no exigía el texto del Gobierno.

El diputado Miguel Ángel Villanueva, portavoz del PP, tras resaltar la "capacidad de diálogo" de su partido para llegar a acuerdos sobre esta ley con los otros grupos, declaró: "Eso demuestra que nuestro proyecto no era tan malo como aseguraba el PSOE, que llegó a tildarlo de golpe de Estado".

En el último pleno del Parlamento madrileño, en diciembre, el PP rechazó todas las enmiendas presentadas por la oposición. El PSOE e IU defendieron entonces que el proyecto de ley daba excesivo control al Gobierno sobre los nombramientos del Consejo General de las cajas.