IU solicita que los ayuntamientos den apoyo social a afectados por desalojos

El Grupo Municipal de IU en Málaga ha lanzado una iniciativa innovadora. La formación ha propuesto que los juzgados notifiquen con antelación los desahucios al Ayuntamiento a fin de que se detecten los casos de urgencia social y se les garantice la correspondiente asistencia. La formación aclaró que para ello debería firmarse un convenio entre el consistorio y la administración de Justicia.

Detrás de los impagos del alquiler que desembocan en desahucios hay diversas causas, pero sin duda un porcentaje no determinado obedece a situaciones de extrema necesidad social. IU pretende que el convenio sirva para que los servicios sociales municipales detecten esos casos de riesgo y, dentro de sus competencias, den el apoyo psicológico, económico o social que proceda.

El objetivo es que la notificación de cada desahucio ponga en alerta a los servicios sociales a fin de que antes del desalojo determinen si es necesario algún tipo de ayuda municipal.

Los ediles del grupo explicaron que su iniciativa apunta a que nunca más se repitan casos como el registrado en Málaga la semana pasada, cuando una mujer de 57 años que iba a ser desalojada por impago del arrendamiento hizo explotar varias bombonas de gas para evitar su desahucio. Como consecuencia de su actuación, ella falleció en el acto, otro peatón murió horas después y ocho personas resultaron heridas.

Labor preventiva

La concejala del grupo, Cristina Ruiz, opinó que la actuación de los servicios sociales comunitarios no debe producirse "cuando la familia ya está en la calle, sino antes".

El portavoz del grupo, Rafael Rodríguez, abundó: "Se trata de que los servicios sociales asuman su responsabilidad de asesorar y ayudar ante un desahucio; y que discrimen en qué casos tienen que desarrollar una labor preventiva, dentro de sus competencias".

Izquierda Unida elevará una moción en ese sentido al próximo pleno municipal del día 31 de enero, en la que propondrá la firma del citado convenio entre la Consejería de Justicia y el Ayuntamiento de la capital.

En la capital se produce una media de mil órdenes de desahucio al año. Los ediles de IU aclararon que no se trata de que el consistorio intervenga en el proceso judicial -que debe seguir su curso de manera independiente- sino de que cuando esa tramitación finalice y se vaya a proceder al lanzamiento del inquilino, se comunique a los servicios sociales comunitarios para que estudien el caso y acuerden las ayudas oportunas si proceden. "Se trata de evitar la humillación de que esas personas se vean en la calle, sin alternativa y sin amparo", precisó Ruiz.

La moción argumenta que con frecuencia, los servicios sociales tienen conocimiento del desahucio una vez que el afectado ya ha sido desalojado "y cuando a veces es demasiado tarde para evitar situaciones de dramatismo, dolor y humillación". Rodríguez matizó además que no siempre el apoyo tendrá que ser económico, sino que variará según cada inquilino. Heridos

Entre tanto, los cuatro heridos en la explosión que aún continúan hospitalizados evolucionan favorablemente. Hay dos bomberos ingresados en el Carlos Haya y otros tantos transeúntes en el hospital Clínico. Todos están fuera de peligro. Además, el Ayuntamiento ha concluido la reposición de los cristales las 113 viviendas afectadas por la deflagración. De las 40 familias desalojadas tras la explosión, casi todas han podido volver a sus hogares. Sólo en tres viviendas se espera un informe de la Gerencia de Urbanismo y algunas obras para que puedan regresar sus moradores.