El 21% de los bancos omite datos sobre el coste de las transferencias

Dos de cada diez bancos no informan adecuadamente a sus clientes sobre algunos aspectos relacionados con las transferencias bancarias y con los préstamos hipotecarios. Estos son los resultados de una campaña de inspección desarrollada por Consumo a finales del año pasado en el sector de banca. El objetivo era comprobar si las entidades financieras han adaptado las últimas modificaciones previstas por el Banco de España para que los consumidores tengan la información sobre las comisiones a pagar por realizar transferencias bancarias con estados de la UE.

Además, los inspectores también investigaron si en los folletos sobre préstamos hipotecarios que ofrecen los bancos se informa sobre el derecho que tiene el cliente de proponer la persona o entidad que tasará el inmueble a hipotecar, así como la entidad aseguradora.

Según la normativa estatal vigente, que es una transposición de una directiva europea del año 1997, las transferencias entre estados miembros de la Unión Europea, siempre y cuando intervenga un banco del estado, deben efectuarse de forma rápida, fiable y económica y, además, garantizar un adecuado nivel de información a los consumidores. Para contribuir a que la transparencia bancaria sea real, las entidades financieras tienen la obligación de informar a las personas usuarias de sus servicios a través del tablón de anuncios, el folleto de tarifas de comisiones y el folleto informativo de préstamos hipotecarios.

Si esa información no figura, muchos ciudadanos se ven sorprendidos cuando tienen que pagar las comisiones después de realizar la transferencia. Los inspectores han visitado las oficinas centrales de todas las entidades de crédito que operan en la comunidad autónoma: cajas de ahorro y cooperativas de crédito, bancos estatales y bancos internacionales. En total, 33 entidades financieras, de las que cinco son cajas de ahorro y cooperativas de crédito vascas.

26 de las entidades, es decir, el 79 % informa correctamente tanto en el tablón como en los folletos sobre comisiones y sobre préstamos hipotecarios. Las siete restantes, que representan el 21 %, incumplen alguno de los apartados. En cuanto al derecho que asiste a los ciudadanos de proponer y elegir tanto a la persona o entidad que se tasará el inmueble a hipotecar como a la entidad aseguradora, un total de seis entidades no informan sobre esta posibilidad. De esa forma, el usuario da por bueno que el banco le imponga su servicio de tasación al creer que así lo marca la ley.

Posibles acuerdos

El director de Consumo, Rodrigo García Azurmendi, reconoció que este tipo de prácticas perjudican claramente al usuario, ya que en ocasiones puede que los bancos tengan establecido algún tipo de convenio con alguna de las sociedades que se dedican a la tasación del que ambas se benefician.

Las cajas de ahorro y cooperativas de crédito vascas son las que salen mejor paradas de la inspección, ya que todos los resultados son correctos, salvo en el caso de una entidad que no ofrece la información necesaria en el folleto sobre préstamos hipotecarios. Al no disponer de competencias sobre los bancos de implantación estatal, el Gobierno vasco ha remitido al Banco de España los resultados de su investigación para que adopte las medidas oportunas.

Esta no es la primera inspección que Consumo realiza al sector de la banca. El año pasado ya realizó otras dos. Una relacionada con el redondeo al alza que practicaban los bancos en los préstamos hipotecarios coincidiendo con la puesta en marcha del euro. La justicia determinó en su momento que las entidades financieras no pueden aplicar la cláusula de redondeo al alza en los préstamos hipotecarios a interés variable tal y como era habitual, al tratarse de una práctica abusiva que perjudica de manera desproporcionada al consumidor. Por eso, en los contratos de préstamos hipotecarios a interés variable se introdujo el llamado pacto de redondeo de los tipos de interés. Consumo examinó cómo se estaba realizando este pacto. Y, por otra parte, también investigó las comisiones que cobran las entidades financieras cuando la cuenta corriente de un cliente se queda en números rojos para comprobar que se ajustan a la legalidad.