Las concesiones de radio enfrentan a la Junta extremeña con el Tribunal Superior de Justicia

La concesión de nueve emisoras de radio de FM por la Junta de Extremadura, aprobada en 1998, vuelve a enfrentar a ese Gobierno con el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Este órgano ha anulado la adjudicación de ocho de las nueve emisoras de radio en frecuencia modulada, que recayeron en empresas vinculadas a la SER, Onda Cero, la Cope y el periodista Luis del Olmo. Asimismo, acordó la "concesión provisional" a la sociedad Cáceres, Badajoz y Mérida, SL (CBM), vinculada a la familia del alcalde de Mérida, Pedro Acedo, del PP.

El vicesecretario general del PSOE, Federico Suárez, aseguró ayer que la sentencia es "claramente política" y supone una "usurpación de las competencias del Ejecutivo". Añadió que algunos jueces del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura "quieren intervenir en política sin presentarse a las elecciones, e indudablemente están de acuerdo con la línea que marca el Partido Popular de Extremadura". Suárez sostiene que si el Tribunal hubiera observado alguna irregularidad administrativa, lo lógico hubiera sido que obligara a repetir el proceso.

Sin embargo, la sentencia recapitula las puntuaciones que obtuvieron los adjudicatarios y va sumando puntos a la sociedad CBM hasta desbancar a sus competidoras. La sentencia considera que la Administración extremeña no ha aplicado "los criterios de adjudicación en condiciones de igualdad". El Tribunal, por ejemplo, resta dos puntos a la SER y a Luis del Olmo porque, a su juicio, "no recogen un compromiso de contratar personal con minusvalías". Además, reconoce el derecho de CBM a una indemnización por daños y perjuicios por la no adjudicación de las concesiones.

Recurso ante el Supremo

La Junta ha anunciado que presentará recurso de casación ante el Tribunal Supremo, ya que, en opinión del vicepresidente del Ejecutivo regional, Carlos Sánchez Polo, es una decisión "insólita, inaudita y política", que arroja "mal olor". La sentencia, según la Junta, "atenta contra la pluralidad informativa al adjudicar ocho de las nueve emisoras en cuestión a la misma empresa de la familia de Pedro Acedo, secretario provincial del PP en Badajoz". Acedo aseguró ayer que no es accionista de la empresa que gestiona su familia.

Esta sentencia es un eslabón más en la cadena de enfrentamientos entre el órgano judicial extremeño y la Junta. El Gobierno que preside el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra se ha visto envuelto en un conflicto institucional con el Consejo General del Poder Judicial después de que este órgano rechazara la terna presentada por el Parlamento regional para ocupar una plaza de magistrado en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Este mismo organismo obligó recientemente a suspender las emisiones de Canal Sur Extremadura tras el pacto suscrito entre la Junta y Petsa, entidad vinculada al Grupo PRISA.