Barcelona cambiará la normativa urbanística para doblar la oferta de pisos

Modificar las normas de rehabilitación de las viviendas y los parámetros urbanísticos para poder construir más pisos sin incrementar la edificabilidad y, por tanto, agotar al máximo las posibilidades del suelo, un bien escaso en Barcelona. Ésa es la fórmula anunciada por el alcalde Joan Clos y en la que trabaja el Ayuntamiento de la capital catalana para conseguir que en los próximos cinco años la ciudad disponga de entre 65.000 y 100.000 viviendas más, nuevas o rehabilitadas. Esto exige duplicar el ritmo que se viene registrando en los últimos dos años, con una media de 8.000 anuales, algo que, en opinión del primer teniente de alcalde, Xavier Casas, "no es tan difícil".

El consistorio aprobó provisionalmente el pasado mes de diciembre la modificación de las ordenanzas de rehabilitación. El cambio consiste en reducir la superficie mínima de los pisos que se rehabiliten de 100 a 90 metros cuadrados -en realidad unos 80 útiles- para facilitar, sobre todo a los promotores, que puedan partir pisos de grandes dimensiones, siempre cumpliendo el conjunto de normas, como la ventilación y distribución, entre otros puntos.

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Todos los partidos, excepto el PSC, consideran "ilusorio" el proyecto para construir 100.000 pisos en cinco años

El Ayuntamiento defiende que esa medida puede ser útil para poner en el mercado más viviendas, sobre todo en Ciutat Vella, el Eixample -que es donde más se está rehabilitando- y otros centros históricos, como Sarrià, Sant Andreu, Sant Martí y Gràcia. "Con el mismo suelo se podrán tener más unidades de vivienda. También se quiere propiciar que determinadas plantas bajas, como las de buena parte del centro de Gràcia, se puedan convertir en vivienda", explicó el concejal, que precisó que la modificación introducida es del agrado del sector, tanto de la construcción como el inmobiliario. El futuro de la vivienda en Barcelona pasa, en gran parte, por la rehabilitación ya que una porción importante del parque urbano es anterior a la década de 1960.

El otro punto del proyecto anunciado por el alcalde consiste en facilitar la construcción de más pisos, en especial en las zonas en las que que actualmente ya se compatibilizan el uso residencial y el industrial. El Ayuntamiento ultima un cambio de normas urbanísticas sin tener que alterar la proporción de metros cuadrados de superficie de zona verde y equipamientos que establece el Plan General Metropolitano.

"Lo que tenemos que hacer ahora es modificar los estándares que establecía el Plan General Metropolitano (PGM), porque la realidad social es distinta a las previsiones", sostiene Casas. Ese plan, que ha regido el urbanismo de la ciudad desde 1976, marcó unos estándares de población y hectáreas destinadas a vivienda, equipamiento y zona verde. Partía de una previsión de población situada entre los 2.200.000 y 2.400.000 habitantes, cuando el último padrón, de 2001, registró sólo 1.505.325.

La superficie media de vivienda nueva que se fijaba era de 100 metros cuadrados -siempre totales porque la superficie útil es un 10% inferior- para una familia de cuatro personas. La realidad es otra y la media de ocupación de los pisos en la capital catalana va de las 2,25 a 2,53 personas.

"Lo que queremos modificar es el módulo mínimo de superficie de los pisos sin añadir un metro más el techo de edificabilidad ni tocar las zonas verdes y los equipamientos", apuntaba el primer teniente de alcalde. Si se flexibiliza la norma urbanística se podrán construir más viviendas de 60, 70 u 80 metros, frente a las de 100, 110 o 120 metros actuales. "Estamos convencidos de que los promotores serán los primeros interesados en hacer promociones mixtas, donde quepan algunos pisos grandes pero, sobre todo, más pequeños", continúa el razonamiento de Casas. La regla de tres se cierra con el menor coste para los compradores y también para los constructores. Ese criterio, una que vez se modifique la norma del PGM, se aplicará en los nuevos planes especiales, como el de Cercanías, Can Batlló y Renfe-Sagrera. Y también se extenderá al suelo industrial en el que éste coexiste con la vivienda, como el 22@ y el sector de Sant Andreu-Sagrera. En este caso, lo que se pretende es agotar la edificabilidad residencial que permite la normativa.

Pisos de protección

"En el 22@ la proporción establecida entre superficie de suelo residencial e industrial es de dos metros cuadrados frente a uno. Y la realidad actual es que tenemos un millón de metros cudrados de vivienda frente a cuatro millones destinados a actividad industrial y económica. Eso supone que hay techo para agotar y nosotros entendemos que se debe hacer para poner más vivienda en el mercado", afirma Casas.

La forma de hacerlo pasa por construir vivienda por encima de la actividad industrial o económica, algo que, en realidad, ocurre en buena parte del distrito del Eixample. Acentuar la mezcla de usos es una idea clara para el consistorio ante la evidencia de que las reservas de suelo se agotarán.

La proporción de pisos de protección pública en el plan de poner en el mercado entre 65.000 y 100.000 viviendas será del 25%, según las previsiones municipales. "Supone seguir con el ritmo que hemos llevado en el último mandato, que se podría mejorar si las otras administraciones incrementarán sus promociones", puntualizó Casas. La construcción de promociones de vivienda pública ha caído en picado desde que gobierna el PP.

En cuanto al alquiler, según las previsiones municipales, la grave carencia de ese mercado continuará si no cambia la política de la Administración central: "Igual que nosotros promovemos modificaciones en las ordenanzas y en la normativa urbanística para facilitar la construcción de más vivienda, esperamos que se introduzcan medidas fiscales para que los promotores construyan pisos de alquiler", afirma Casas. "Los 1.000 pisos de alquiler para jóvenes que promueve el Ayuntamiento de Barcelona suponen un endeudamiento de 42 millones de euros para el consistorio. En cambio, los promotores privados no quieren endeudarse", añade.