Urbanismo revisará los casos de afectados por el agente urbanizador ante las quejas diplomáticas

ante La movilización diplomática de los embajadores de la Unión Europea y de decenas de afectados por la aplicación de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) ha surtido efecto. El consejero de Urbanismo, José Ramón García Antón, ha comunicado por escrito al embajador del Reino Unido que los técnicos de su departamento "procederán a recabar" toda la información de los afectados por esta legislación. El consejero recomienda a los extranjeros que se informen antes de adquirir propiedades y les aconseja que se abstengan de comprar en suelo rústico.

El titular de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes ha remitido una amplia carta al embajador británico en Madrid, Peter Torry, como respuesta a la preocupación de éste y del resto de representantes diplomáticos europeos por los efectos que la aplicación de la LRAU está causando entre los residentes comunitarios, algunos de ellos propietarios de fincas que ahora se ven obligados a pagar importantes cantidades económicas a un agente urbanizador. En su misiva, el titular de Urbanismo dice: "Para tener una visión completa de la problemática que afecta a algunos propietarios particulares que se consideran injustamente afectados por la aplicación de la LRAU, los servicios competentes de la consejería procederán a recabar información sobre la situación de este tema en los municipios y zonas afectadas".

García Antón comunica a los diplomáticos que su departamento es consciente "de la conveniencia de perfeccionar ciertos aspectos de la LRAU", y por este motivo se está planteando una reforma de la legislación.

El consejero avanza que los cambios que se están estudiando tienen por objetivo "reforzar la protección del propietario en todos los temas relacionados con la actividad del agente urbanizador", ya que la legislación vigente deja en manos de este agente la planificación del territorio, y en algunos casos la empresa urbanizadora exige cantidades millonarias a los propietarios por la mejora del entorno. Con la reforma legislativa se persigue dar "la máxima protección a los legítimos derechos e intereses de los propietarios, tanto españoles como extranjeros", apunta el consejero.

En el escrito reconoce la presión urbanística en el litoral y advierte de que las compras "de viviendas y terrenos en suelo no urbanizable o rústico en las proximidades de núcleos urbanos de la costa, pueden verse afectadas en el futuro por procesos de reclasificación a suelo urbanizable, que conllevaría la obligatoriedad de cumplir con el pago de los gastos de urbanización", que contempla la LRAU. Por este motivo García Antón recomienda que se informen y asesoren adecuadamente antes de adquirir parcelas, y aconseja que compren terreno urbanizable. Urbanismo prepara para finales del mes de enero unas jornadas urbanísticas para analizar los cambios en la legislación e informar a los afectados.

En pocas semanas la recién constituida asociación Abusos Urbanísticos No, que ha impulsado un grupo de residentes extranjeros con propiedades en el litoral de Alicante, ha logrado captar un millar de socios. Ayer, el presidente de la asociación, Charles Svoboda, reconoció la alarma que la aplicación de esta ley está provocando entre los propietarios de chalés y fincas. El colectivo ha remitido una carta al presidente de la Generalitat, José Luis Olivas, exponiendo su problema.

Miembros de esta asociación buscan el respaldo de algún gobierno europeo para pedir amparo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Luxemburgo, al entender que la LRAU atenta contra los derechos del propietario.