Una funcionaria de Huelva demanda a un concejal del PP por acoso moral

M. J. D. D., de 33 años y funcionaria del Ayuntamiento de Huelva, ha demandado en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Huelva al concejal delegado de Personal, Enrique Pérez Vigueras, del Partido Popular (PP), por acoso en el trabajo o mobbing. La demanda, de 41 folios, incluye varios diagnósticos médicos sobre un "transtorno ansioso depresivo reactivo" supuestamente causado por la actuación del edil, padre del presidente del PP de Huelva, Francisco Pérez.

El texto de la demanda, firmada por el letrado onubense Juan Torres, explica que Enrique Pérez Vigueras amenazó a la mujer, a finales de 2001, con disolver el Departamento de Sanciones del Ayuntamiento onubense, del que ella era la máxima responsable, y denigrarla profesionalmente, "si no conseguía una recaudación de, al menos, 100 millones de pesetas [600.000 euros], ya fuera de forma regular o irregular". La demanda añade que la pretensión de Enrique Pérez Vigueras era desorbitada "porque suponía la tramitación de más de 30.000 expedientes, en el plazo de tres meses, con sólo tres auxiliares administrativos".

Ese fue el momento en el que la salud de la mujer se resintió seriamente. En la demanda se afirma: "Las presiones que soportaba por parte de Enrique Pérez Vigueras, sus exigencias de objetivos imposibles de conseguir por causa de la continua disminución de personal en el Departamento de Sanciones, no acompañada de una correlativa reducción de tareas, la discriminación en que tenía a esta funcionaria respecto a sus compañeros al no reconocerle sus derechos laborales y económicos, los cuales sí se garantizaban a aquéllos que ocupan puestos con características similares, y sus presiones y amenazas, le provocaron un transtorno ansioso-depresivo reactivo con ataques de ansiedad y vómitos, cuadro que incluso por su gravedad llegó a necesitar asistencia del psiquiatra". La mujer entró en situación de baja laboral el 18 de septiembre de 2001 y se sometió a un tratamiento médico a base de tranquilizantes.

La funcionaria accedió a la Jefatura del Departamento de Sanciones en 1997. Enrique Pérez, que llegó a la delegación municipal dos años después, inició una sucesiva reducción de los trabajadores de ese departamento, que pasó de 13 a tres funcionarios, al mismo tiempo que elevaba el listón de los objetivos profesionales. El concejal también se negó reiteradamente a que se reconocieran a la funcionaria los incrementos salariales a los que ella creía tener derecho, pese a que fueron reconocidos por la Mesa de Negociación del Ayuntamiento, en la que, entre otros, están representados los sindicatos, según la demanda.

Enrique Pérez Vigueras, inspector de Trabajo, entró en política en 1999 a través de Pedro Rodríguez, alcalde de Huelva y vicepresidente del PP de Andalucía. Rápidamente se convirtió en uno de los hombres fuertes de la Corporación, junto a su otro hijo, Jaime Pérez, concejal de la Presidencia, cuya imagen recorrió los programas de humor de las televisiones de España por votar de forma obscena en los plenos municipales.

Fuentes del PP de Huelva explicaron ayer que Enrique Pérez no ha recibido aún la demanda, que tiene fecha de entrada en el Juzgado de 30 de diciembre de 2002, por lo que prefiere no formular declaraciones. Las mismas fuentes señalaron que la funcionaria ha sido trasladada de forma voluntaria al departamento de Medioambiente. Por su parte, la mujer se remitió al texto de la demanda.