Cuestionable estímulo

Que la economía estadounidense precisa de estímulos es algo asumido. Mucho más dudoso es que los anunciados por el presidente Bush sean los adecuados: no responden a las causas de la debilidad actual, porque introducen una fuerte discriminación a favor de las rentas más elevadas y sus efectos netos reducirán la capacidad de maniobra para estímulos adicionales, incluidos los que pudieran provenir de la política monetaria.

A pesar del muy aceptable crecimiento de aquella economía el el pasado año, en los tres últimos meses la desaceleración ha sido manifiesta. En ese peor comportamiento reciente y en las más adversas perspectivas que se anticipan para el futuro inmediato concurren dos conjuntos de elementos: los excesos del pasado (sobreinversión, revalorizaciones bursátiles, escándalos empresariales) y la generación de nuevos factores de riesgo, calificados eufemísticamente como geopolíticos.

A este último grupo pertenecen la posible guerra con Irak, la intensificación del conflicto en Palestina y las más recientes tensiones con Corea del Norte, que, lejos de facilitar la superación de aquellos excesos, han reforzado la aversión al riesgo, inhibiendo decisiones de gasto e inversión, dentro y fuera de Estados Unidos, además de situar el precio del petróleo en niveles muy inquietantes.

En circunstancias tales, estimular la actividad económica exigiría eliminar o reducir significativamente esos riesgos sobrevenidos, posibilitando el crecimiento del gasto de las familias y empresas, y la inflexión en la tendencia alcista del desempleo. Y eso es difícil que lo consiga un plan que descansa esencialmente en estímulos fiscales (reducciones en la imposición sobre la renta, eliminación de la tributación sobre los dividendos y, en mucha menor medida, planes de estimulo a la inversión en equipo de las pequeñas empresas), cuyos principales beneficiarios serán los perceptores de mayores rentas y en un horizonte no tan de corto plazo como ahora precisa la economía estadounidense.

De los 674.000 millones de dólares que totaliza el conjunto del plan, distribuidos en los próximos diez años, 364.000 millones irán a los perceptores de dividendos procedentes de la inversión directa en acciones. Las familias con ingresos superiores a 100.000 dólares anuales son propietarias de las dos terceras partes de las acciones del país, pero serán las agrupadas en el 1% con rentas superiores a los 300.000 dólares anuales las que acaparen la mayor parte de esas exenciones. De éstas no cabe esperar una gran sensibilidad de sus decisiones de gasto al ahorro fiscal, por este u otro concepto.

Confiar en la recuperación del mercado de acciones como principal propulsor de la actividad económica es arriesgado. Pero lo es más hacerlo sólo mediante estímulos fiscales diferenciados, sin eliminar esos nuevos y más intensos factores de riesgo, cuyo origen no es otro que la propia administración estadounidense. ¿No sería más eficaz despejar la incertidumbre geopolítica existente y asignar esos recursos fiscales, con un carácter temporal, a estímulos directos a la actividad como la restauración del subsidio a los desempleados de larga duración que lo acaban de perder, a fortalecer el stock de capital público o a compensar a los gobiernos de los Estados por el mayor gasto en seguridad?

No les falta razón a aquéllos que han visto en esta decisión de George W. Bush el intento por alejar las acusaciones de inacción que determinaron el fracaso de su padre. Pero también hay razones para compartir el temor de quienes creen que puede ser el primer presidente en generar más problemas, dentro y fuera de Estados Unidos, que los que ha tratado de solucionar. Por el momento, el balance no es muy tranquilizador: el superávit público que dejaron los demócratas se ha esfumado en reducciones impositivas que no han mejorado la confianza de sus ciudadanos.