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El fiscal Vargas, única víctima de la investigación judicial

El fiscal del Tribunal Supremo Bartolomé Vargas trabajó durante dos años en la investigación judicial del caso Ercros y propuso en dos ocasiones la imputación de Josep Piqué al entender que había indicios de varios delitos en su gestión al frente de la compañía. El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, optó por relevarlo del caso y cambiarle de sección.

Vargas propuso en junio de 2001 que el Supremo aceptara su competencia sobre la causa ante la posible implicación en los hechos del ministro Piqué, entonces máximo responsable del Ministerio de Asuntos Exteriores. Piqué era director de Estrategia de Ercros, además de consejero y miembro de la comisión ejecutiva del grupo, cuando se produjo la venta, en julio de 1991, de la filial Ertoil a una sociedad luxemburguesa instrumental, GMH.

El fiscal Vargas apreció en la venta un posible delito de alzamiento de bienes por sacar activos de Ercros en perjuicio de sus acreedores; y otro de apropiación indebida de 18.300 millones de pesetas, que no aparecían por ningún lado, y de otros 9.970 millones, de los que se sospechaba que se habrían diluido en comisiones por la venta. La operación fue pactada entre el vicepresidente de Ercros, Javier de la Rosa, y la sociedad GMH, por un precio no cerrado de 44.600 millones de pesetas, luego reducido a 41.400 millones, según un informe dirigido por la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios al Tribunal Supremo. El acuerdo fue protocolizado ante notario por Piqué el 18 de julio de 1991.

La propuesta de Vargas fue apoyada por mayoría en la votación celebrada entre los fiscales de una de las dos secciones de la Fiscalía de lo Penal del Supremo. Cardenal reunió luego al Consejo Fiscal y la propuesta de Vargas no prosperó. El siguiente paso fue apartar al fiscal de la investigación del caso y cambiarle de sección.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 8 de enero de 2003