Negar la evidencia

El viernes 2 de enero de 1998 el entonces ministro de Trabajo, Javier Arenas, anunció en Sevilla el traspaso de las políticas activas de empleo a la comunidad autónoma de Andalucía para ese mismo año.Dijo textualmente lo siguiente: "Vamos a cerrar este asunto en 1998 y la Junta lo sabe desde hace mucho tiempo. Si los socialistas quieren organizar polémica, que la organicen. Por nuestra parte no va a haber mucho problema".

Cinco años más tarde, el 2 de enero de 2003, en declaraciones a la agencia Efe, el actual ministro de Administraciones Públicas afirma que "dialogará hasta la extenuación" con la Junta de Andalucía sobre los traspasos de las competencias pendientes, lamentando que "se haya perdido la oportunidad, porque cree que era bueno para cerrar alguna fase de lo que se ha dado en llamar la confrontación". Según Arenas, el Gobierno "ofrecía, ofrecía y ofrecía" y "no pedía ninguna contrapartida". No obstante, a pesar del desaire recibido del Gobierno andaluz, se mostró dispuesto a "hacer todo lo que estuviera en su mano" para que "se termine la confrontación con el Gobierno de la nación, porque no es bueno para Andalucía".

No se puede negar la evidencia impunemente. Cuando ocurre, la rebelión ciudadana se manifiesta de forma implacable

Los dirigentes del PP andaluz en general y Javier Arenas en particular deberían saber que no es fácil engañar a los ciudadanos una sola vez, pero que es imposible que los puedan engañar permanentemente. ¿Cómo es posible que Javier Arenas pueda pensar que alguien pueda creerlo en 2003, después de haber dicho lo que dijo en 1998? ¿Cómo es posible que alguien pueda pensar que es el Gobierno de la Junta de Andalucía el responsable de que Javier Arenas no haya hecho honor a su propia palabra? ¿Cómo es posible que pueda creer que es el presidente Chaves el que está buscando la confrontación con el Gobierno del PP con la finalidad de desgastarlo y no a la inversa? ¿Cómo es posible que pueda pensar que los ciudadanos se van a creer que hay dificultades técnicas en el traspaso de las políticas activas de empleo que no se han podido resolver en cinco años, cuando en todas las demás comunidades autónomas se han resuelto en mucho menos tiempo?

El discurso de los dirigentes del PP en este punto es tan absurdo, que no resulta fácil encontrarle explicación. ¿A qué viene presentar una proposición no de ley en el Parlamento andaluz para que "se retome de manera urgente" el diálogo con el Gobierno central, como anunció ayer Teófila Martínez? ¿Qué es lo que hay que negociar a estas alturas del guión sobre el traspaso de las políticas de empleo? ¿ O en el pago de la deuda, cuando el propio ministro de Hacienda ha reconocido ser consciente de que hay una deuda pendiente con Andalucía? El cumplimiento de las obligaciones vencidas desde hace mucho tiempo no puede ser objeto de negociación.

El interrogante se impone: ¿Por qué está siguiendo el PP esta política en Andalucía? ¿No es consciente de que, actuando de esa manera, pierde toda la credibilidad ante el cuerpo electoral e impide que pueda hacerle llegar cualquier tipo de mensaje? Cuando se miente de una manera tan descarada, como lo están haciendo Javier Arenas y Teófila Martínez en algo tan tangible como son los traspasos, ¿cómo pueden pretender que se les crea en cualquier otro terreno?

La única interpretación que se me ocurre, después de darle muchas vueltas, es que el PP ha llegado a la conclusión de que ahora mismo tiene más costes para el partido electoralmente rectificar que continuar con su política de hostigamiento al Gobierno de la Junta de Andalucía. No se si el PP dispondrá de algún estudio cualitativo o no, pero da toda la impresión de que está convencido de que poner fin a la confrontación con el Gobierno andaluz sería el reconocimiento expreso de su error y que supondría darle más ventaja todavía al PSOE en las próximas elecciones.

Es una estrategia que tiene sus costes, pero que el PP considera que son menores que los que tendría si rectificara. Supone aceptar que las elecciones autonómicas no se pueden ganar y que se trata simplemente de conservar el propio electorado. Cualquier reconocimiento de que se ha seguido una política errónea durante tantos años, cuando queda apenas uno para la celebración de las elecciones, puede desconcertar al propio electorado sin que haya tiempo para intentar llegar a nuevos electores. En consecuencia, el remedio podría ser peor que la enfermedad. De ahí que haya considerado que es mejor seguir con la política seguida en estos últimos años, sin rectificar lo más mínimo.

El tiempo dirá si han acertado o no con su empecinamiento en esta estrategia de la confrontación y de negar lo que todo el mundo ve, aunque la evidencia empírica de que disponemos indica que, cuando un partido diseña una campaña con la finalidad de mantener sus propios votantes, sin tener una política para ampliar su propia base electoral, no acaba ni siquiera conservándolos. El electorado siempre percibe cuando se parte aceptando la propia derrota. Y más cuando las derrotas se vienen acumulando desde que se iniciaron las elecciones autonómicas en Andalucía.

No se puede negar la evidencia impunemente en política. Cuando esto ocurre, la rebelión ciudadana se manifiesta de manera implacable. Es lo que está ocurriendo estas últimas semanas con la reacción ciudadana ante la crisis del Prestige. Y es lo que viene ocurriendo desde hace tiempo en Andalucía, en el que los dirigentes del PP se vienen empeñando en hacerle creer a los ciudadanos lo contrario de lo que ellos ven. El problema para Javier Arenas o Teófila Martínez es que llueve sobre mojado y que llevan demasiado tiempo mintiendo. Tanto va el cantaro a la fuente...