El PSOE estudia llevar ante el juez la "privatización" de la Concepción

El candidato del PSOE a la Comunidad, Rafael Simancas, calificó ayer de "primer escándalo político de 2003" la toma de control de la clínica de la Concepción por una multinacional. Simancas considera que el Gobierno regional ha "privatizado y regalado la clínica, que era una fundación sin ánimo de lucro", y anunció que ha encargado un informe jurídico para estudiar cómo llevar el caso a los tribunales.

Los socialistas se resisten a aceptar la solución diseñada por la Consejería de Sanidad para acabar con la crisis económica que ha azotado en el último año y medio a la Concepción. El hospital está en suspensión de pagos, con unas deudas con los proveedores de casi 60 millones de euros. IDC llega a la clínica con la promesa de saldar la deuda y de invertir 36 millones de euros en cinco años. A cambio, la empresa gestionará el centro durante 30 años, periodo en el que se quedará con el 95% de los beneficios que genere el hospital.

Esta solución a la crisis incluye la aportación a la Concepción por parte de Sanidad de más de 100 millones de euros al año como pago por la asistencia que el hospital presta a una población de 280.000 madrileños en sustitución de los hospitales públicos.

"[El consejero de Sanidad, José Ignacio] Echániz debe explicar por qué entrega esta enorme cantidad de dinero público y un hospital histórico a una empresa privada para su lucro. Se lo exigiremos en febrero en la Asamblea y, si es necesario, en los tribunales", aseguró ayer Simancas.

La Consejería de Sanidad ha reiterado en las últimas semanas que el acuerdo entre la Concepción e IDC es un acuerdo entre dos entidades privadas y que el Gobierno regional se ha limitado a asegurar que se mantenga la calidad de la asistencia médica y la plantilla.

Intervención de Sanidad

Esta posición, sin embargo, es puesta en duda por los socialistas, que acusan a Echániz de ser el promotor de la llegada de IDC a la Concepción.

Fernando Martín Calderín, director médico de la Concepción, dimitido el pasado 31 de diciembre por su oposición a la llegada de IDC a la clínica, también ha denunciado la presión ejercida por Sanidad para que la Concepción aceptara ser gestionada por IDC. Martín Calderín, como patrono de la fundación, estuvo presente en las reuniones celebradas en la propia consejería en las que los dirigentes de Sanidad presionaron a los responsables de la clínica para que aceptaran la llegada de IDC.

Simancas afirmó que la solución a la crisis era la integración de la Concepción en la red de hospitales públicos.

El candidato socialista comparó el desembarco de IDC en la Concepción con la privatización de la funeraria municipal, que fue cedida por sólo una peseta a una empresa que después obtuvo beneficios multimillonarios con ella.

"Echániz jugó un papel muy importante en esa privatización y todos sabemos cómo ha acabado el tema", añadió Simancas. Tres políticos del PP se encuentran actualmente procesados por el caso funeraria, aunque Echániz, entonces asesor municipal, no ha sido encausado.