El dirigente etarra Urrusolo Sistiaga, condenado a 37 años por asesinato

El dirigente de la banda terrorista ETA José Luis Urrusolo Sistiaga, Langile, fue condenado ayer a 37 años y 4 meses de prisión por su intervención en la colocación de un coche bomba en un túnel bajo la autopista A-18, en el término de San Quirce del Vallés (Barcelona). La explosión, ocurrida a las 7.45 horas del 19 de marzo de 1992, causó la muerte instantánea del peatón Antonio José Martos Martínez, que cruzaba por el lugar para dirigirse a su trabajo.

La Audiencia Nacional ha condenado a Urrusolo, de 46 años y natural de San Sebastián (Guipúzcoa), a 29 años por el asesinato; a cuatro años, dos meses y un día, por un delito de estragos, y a otros cuatro años, dos meses y un día por el robo del vehículo en el que se colocó el explosivo.

Por este crimen ya estaba condenado otro de los autores, Fernando Díaz Torres, que integraba el comando Ekaitz que dirigía Urrusolo. La tercera integrante del grupo, Idoia Martínez García, continúa en paradero desconocido.

La sentencia declara probado que Urrusolo y Díaz Torres se desplazaron a Tarrasa, donde la noche del 10 al 11 de marzo sustrajeron un vehículo Ford Fiesta, que estaba aparcado en las inmediaciones del domicilio de su propietaria.

Días después, los condenados prepararon dos artefactos explosivos con sendas ollas en las que colocaron 10 kilos de amonal y abundante tornillería. Además incluyeron un mecanismo de iniciación doble, con un temporizador para asegurarse de que no estallase antes de las 7.45 horas y con un dispositivo antimovimiento y otro de detección de personas para que se activase si alguien intentaba mover el vehículo o si se acercaban al mismo.

Los terroristas avisaron a las seis y media de la mañana al Real Automóvil Club de Cataluña y a la Guardia Civil de la colocación del coche bomba. Sin embargo, la explosión se produjo antes de que las fuerzas de seguridad hubieran acordonado la zona y causó la muerte de Antonio Martos.

Matar a guardias civiles

Urrusolo Sistiaga declaró en el juicio que el coche estaba preparado con la intención de matar a uno o varios guardias civiles y que fue la tardanza de éstos en acordonar la zona la que causó la muerte del peatón. "Disocia así", dice la sentencia, "en perversa e inadmisible cronología, la acción -colocación de un coche con una potente carga explosiva en un lugar público a escasos metros de diversas empresas- del resultado. Y contrasta, además, con que afirme que no hay nadie de ETA allí cuando explosiona el artefacto y a la vez mantenga que ya antes de llegar el peatón había guardias civiles, dato que se revela falso".