Las quejas al Defensor del Pueblo aumentan en un 58% durante 2002

El buzón de quejas del Defensor del Pueblo sufre un curioso fenómeno pendular: un año se dispara el número de quejas de los ciudadanos pero al siguiente cae en picado y al otro vuelve a subir. Así lleva ocurriendo desde 1994. El 2002 fue año de subidas, ya que la oficina de Enrique Múgica recibió 21.192 quejas, frente a las 13.365 de 2001, lo que supone un incremento del 58%. Claro que en 2000 se habían recibido 26.995 quejas.

Este fenómeno de la evolución temporal cíclica de las quejas está especialmente relacionado con las reclamaciones colectivas, aquellas presentadas por grupos de personas afectadas por grandes estafas o por decisiones de la Administración que afectan a sectores casi completos. Esto parece haber ocurrido el año pasado, en el que tocó ciclo alcista.

El Defensor del Pueblo divulgó ayer una nota en la que, de camino que subraya el incremento en un 58% de las quejas, cita una serie de ejemplos que permiten auscultar cuáles fueron los grandes problemas y preocupaciones de los ciudadanos durante 2002 (terrorismo, paro y seguridad ciudadana aparte).

El mayor número de quejas procedió de asociaciones de diabéticos españoles, que representan a aproximadamente al 6% de la población española (y subiendo), "para que se pueda seguir investigando con embriones humanos", con el fin de que puedan crearse a partir de células madre células beta pancreáticas generadoras de insulina. En el terreno sanitario, menudearon también las quejas por las prolongadas listas de espera en el Sistema Nacional de Salud, un asunto que motivó la elaboración de un informe monográfico por parte del defensor que fue presentado en diciembre pasado.

También fueron muy numerosas las que pedían que se recurriera la ley 34/2002, de 4 de Julio, que regula los servicios de la sociedad de la información y el comercio electrónico, un texto legal que ha levantado las iras de los internautas, que la consideran un freno a la libertad de movimientos por las autopistas de la información.

Cuestiones retributivas

Las cuestiones retributivas de quienes cobran de la Administración también coparon el buzón, por motivos diversos: unas por "disconformidad con las retribuciones de los cuerpos de funcionarios"; otras por las "diferencias en los sueldos de los funcionarios entre distintas comunidades"; algunas más por "las retribuciones de agentes en situación de segunda actividad del Cuerpo Nacional de Policía" (prolongada en la ley de acompañamiento de los Presupuestos de 2001) y otro grupo por la "insuficiencia de las pensiones, especialmente las que reciben algunos cuerpos de funcionarios públicos y las viudas".

Los nombres de empresas financieras y de otra índole que saltaron a las primeras páginas de los periódicos también engrosaron el número de quejas. La nota del defensor lo dice así: "También hubo reclamaciones numerosas sobre cuestiones financieras, como las quejas de los clientes de Gescartera y AVA o los casos de los matriculados en las academias Opening". "A ésas habría que añadir las de los afectados por el caso de la promotora de viviendas CPV", explicó ayer el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica. Este caso ha dejado sin vivienda a miles de personas en Madrid.

Múgica argumentó que, a 2 de enero, aún no es posible elaborar un listado de mayor a menor sobre los temas de las quejas recibidas. "Lo que hemos facilitado es un adelanto, porque luego viene el trabajo de estudiar las quejas, estructurarlas e intervenir si es necesario", explicó.

El defensor considera que el aumento del número de quejas obedece al "mayor conocimiento de la institución por parte de los ciudadanos". "Es una cuestión de trabajo, de que se ha trabajado bien durante el año, y por ello los ciudadanos nos conocen más. Yo creo que ésa es una explicación realista", precisó.

El panorama de las quejas presentadas abarca las "insuficiencias de los servicios educativos", especialmente aquellas que hablan de la falta de plazas en los distintos niveles educativos, una carencia que se repite en las residencias públicas para la tercera edad; escasez de viviendas de protección oficial o el funcionamiento de determinados servicios públicos, especialmente los de telefonía y la sanidad, pero también los aéreos. Entre las quejas más abundantes se encuentran las de quienes quieren que se investigue el porqué "de la supresión de vuelos en las comunicaciones aéreas con las islas". El abanico de problemas se cierra con otro paquete de quejas referidas a la "resolución de expedientes de regularización de residencia y trabajo de inmigrantes".