Un viejísimo truco

Se cuenta que, en los oscuros tiempos del absolutismo fernandino -allá por el primer tercio del siglo XIX-, cuando en el teatro un actor no se sabía su papel y el público comenzaba a silbarle y abuchearle, aquél corría al centro del escenario y gritaba a pleno pulmón: "¡Viva Fernando VII!", con lo que automáticamente la bronca del respetable se convertía en ovación, y el torpe discípulo de Talía escapaba a la tormenta. Han pasado casi dos centurias, pero parece que las argucias de los incompetentes, los trucos de los malos profesionales para esquivar la responsabilidad por sus errores siguen siendo los mismos; se hunde el Prestige, se produce el episodio de contaminación medioambiental más grave de nuestra historia, se desata la indignación ciudadana..., y el Gobierno se precipita al proscenio mediático y lanza el grito-conjuro: "¡Hay que endurecer la legislación antiterrorista!". El aplauso está asegurado, y la maniobra de distracción, en marcha.

De hecho, las últimas semanas del pasado año han sido especialmente reveladoras del partidismo y el electoralismo descarados con que el Partido Popular y las instituciones que éste gobierna abordan el problema del terrorismo etarra y sus implicaciones políticas. ¿Cuestión de Estado? ¿Pacto Antiterrorista? ¡Monsergas! El 22 de diciembre, un amplísimo espectro sociopolítico de Euskadi se manifestó tras ese mínimo común denominador que rezaba "¡fuera ETA!"; dirigentes del PP tan poco dados a la tibieza como la concejal donostiarra María San Gil habían anunciado su presencia, pero a la postre el ex futuro lehendakari Jaime Mayor Oreja decretó el boicoteo con argumentos especiosos que disimulaban el motivo real: la estrategia vasca de José María Aznar y los suyos no apunta a acabar con ETA, sino a aislar, asediar y derrotar al PNV. Una meta legítima, sí, siempre que se persiga a cartas vistas y sin confundirla con el objetivo común de todos los demócratas, esto es, el fin de la violencia.

En todo caso, el estricto Mayor Oreja que acusó a Juan José Ibarretxe de firmar con una mano el "ETA kanpora" y de escribir con la otra "Batasuna aurrera" ('aúpa Batasuna'), es el mismo que una semana después sumaba su voto a los de la organización filoetarra en el Parlamento de Vitoria para tratar de tumbar los presupuestos del Gobierno vasco. Bueno, su voto no, porque llegó tarde, pero sí los de su grupo...; el cual, al día siguiente, reprochaba airado a los socialistas navarros haber hecho lo mismo -o sea, votar con Batasuna- contra las cuentas para el año 2003 debatidas en el Parlamento de Pamplona. ¿Y a esto le llaman hacer una política de Estado contra el terrorismo y sus cómplices?

Comoquiera que sea, la prioridad máxima del aznarismo en las postrimerías de 2002 era librarse del chapapote político. Visto que acusar al PSOE de un "delito de lesa patria" -¿a qué esperará Fraga para desempolvar la palabra contubernio, de tan entrañable memoria?- no bastaba para desviar las críticas; visto que los arrebatos líricos del ministro Trillo-Figueroa -"las playas estaban limpias y esplendorosas, la visión era magnífica..."- tampoco conseguían ocultar la pegajosa realidad, el presidente Aznar se decidió a echar mano de un recurso infalible, del "¡viva Fernando VII!" de nuestro tiempo. En un lapso de cuatro días, sin previo aviso a la oposición y -eso sí- con el máximo bombo publicitario, el jefe del Gobierno ha anunciado, primero, una reforma legal para que los terroristas cumplan de forma íntegra el límite máximo de su condena, sin reducciones ni otros beneficios, y después otra reforma que elevará el tope de encarcelamiento efectivo desde los 30 a los 40 años.

Dejo de lado el desprecio por las formas y la burda demagogia exhibidos en la presentación del asunto, ese "los terroristas cumplirán 40 años de condena", como si el terrorismo diese lugar a un solo tipo penal, y fuesen lo mismo un delito de colaboración con banda armada, uno de estragos y uno de asesinato, como si las sentencias las dictase un cajero automático. Tampoco me entretendré en la curiosa temporalidad de la iniciativa, en su flagrante oportunismo; ¿por qué ahora, y no en 1996, ni en 2000, ni siquiera el verano pasado, cuando la Ley de Partidos creó un clima de supuesta ofensiva final contra ETA? Considerando sólo su eventual eficacia, y razonando por analogía con medidas anteriores, ¿cuál es el balance de todos estos años de dispersión carcelaria? ¿Ha debilitado la ligazón de los presos con ETA, el encapsulamiento de sus familias dentro de ese mundo de violencia y martirio? Todo apunta a que más bien los ha fortalecido. Si estamos hartos de argumentar -a propósito de Estados Unidos, claro- que ni siquiera la pena de muerte es disuasoria, ¿cómo van a serlo 30 o 40 años de privación de libertad por muy íntegramente que se cumplan, por mucho que equivalgan a una cadena perpetua que ya creíamos felizmente desterrada de nuestro ordenamiento? Y en cuanto a esa idea de condicionar los beneficios penitenciarios a la delación, ¡qué supina ignorancia de la lógica interna, de la cultura grupal de cualquier organización armada clandestina!

Entonces, ¿las medidas lanzadas por Aznar no servirán para nada? Bien al contrario, ya están sirviendo de mucho. Ahí tienen a toda la oposición descolocada, acudiendo mansa y aquiescente a recibir explicaciones, y al PSOE otra vez cautivo de ese "sentido de Estado" que el PP manipula como un cepo. Y aquí estamos cientos de articulistas y tertulianos, de constitucionalistas y penalistas discutiendo sobre si la reinserción..., sobre si pasarse 20 años entre rejas es una bagatela... Mientras, el Prestige sigue soltando fuel, unos hilitos como de plastilina, pero todavía no ha dimitido nadie.