Zarrías explicará en el Parlamento la ruptura inesperada de las negociaciones con el Gobierno
El consejero de Gobernación acusa al Ejecutivo de "vulnerar la lealtad constitucional"
El consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, comparecerá en el Parlamento, a petición propia, para explicar el contenido de las negociaciones con el Gobierno centra sobre financiación y políticas de empleo, que se rompieron de forma inesperada el pasado día 30. Por su parte, el consejero de Gobernación, Alfonso Perales, acusó ayer al Ejecutivo de "vulnerar la lealtad constitucional" con Andalucía, ya que el alto tribunal establece que el Gobierno, en materia de transferencias, "no puede actuar caprichosamente, negándole a Andalucía lo que concede a otros".
Según un comunicado de la Junta, Gaspar Zarrías solicitará comparecer ante la Comisión de Desarrollo Estatutario del Parlamento andaluz y dar a conocer el desarrollo de las conversaciones mantenidas con representantes del Gobierno central para alcanzar un acuerdo sobre la liquidación de los fondos presupuestados para Andalucía en el quinquenio 1997-2001 y el traspaso de las políticas activas de empleo. Las conversaciones finalizaron de manera abrupta el pasado día 30, justo cuando estaba a punto de expirar el plazo que ambas administraciones se habían dado para alcanzar un pacto.
Pese a que la comisión mixta de transferencias había sido convocada par las 17,30 de ese mismo día -ya que se daba por hecho que Junta y Gobierno sellarían por fin el acuerdo-, la reunión no llegó a celebrarse. La delegación andaluza que viajó a Madrid para cerrar los últimos flecos (integrada por los consejeros de Presidencia, Gaspar Zarrías, y Economía, Magdalena Álvarez) se entrevistó con los secretarios de Administración Territorial, Javier Elorriaga, y Hacienda, Antonio Beteta, en el ministerio de Administraciones Públicas, que preside Javier Arenas.
Los representantes del Gobierno propusieron aplazar el pago de las liquidaciones pendientes de los años 1998 a 2000 en función de las sentencias que "vaya emitiendo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid", así como transferir las políticas activas de empleo el 1 de mayo próximo. La Junta rechazó ambas ofertas al considerar que el pago de la deuda, reconocida expresamente por el propio Gobierno, podría dilatarse varios años, habida cuenta del retraso con el que falla el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En el caso de las políticas de empleo, la Junta alega que el Gobierno ha roto vario veces sus sucesivos compromisos verbales y lo que pretende es un nuevo aplazamiento, tras cinco años dando largas.
Ayer el consejero de Gobernación, Alfonso Perales, acusó al Gobierno de "vulnerar la lealtad constitucional con Andalucía", informa Efe. El consejero recordó que el Tribunal Constitucional "ha establecido reiteradamente que el Gobierno central, en materia de transferencias, no puede actuar caprichosamente o por razones políticas, negándole a Andalucía lo que concede a otros".
También dijo que las políticas de empleo han sido transferidas a todas las comunidades que lo han solicitado menos a Andalucía. Estas decisiones, según Perales, no deben tomarse en razón de un "castigo político", por lo que se preguntó "por el papel del PP andaluz; cómo se presentará a las elecciones después de que todo el decretazo se ha rectificado menos el subsidio agrario, de que una entidad financiera pasa a ser tutelada por el Gobierno por inspiración del PP y de que en inversiones Andalucía está entre las últimas de España".
La presidenta del PP, Teófila Martínez, por su parte, dijo que Chaves utiliza a los "andaluces como escudo político" para continuar con el enfrentamiento. No obstante, en una rueda de prensa en el Ayuntamiento gaditano, afirmó que va a seguir "tratando que los acuerdos entre la Junta y el Gobierno de la nación se produzcan lo antes posible", aunque, dijo, este acuerdo era "algo que nos parecía difícil porque la historia demuestra que Chaves se maneja mejor en la confrontación que en la gestión de los problemas de los andaluces".
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