500 mineros reclaman en Huelva, bajo un fuerte aguacero, una rápida salida a la crisis del sector

Unos 500 trabajadores de las diferentes compañías mineras onubenses se concentraron ayer ante las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Huelva para reivindicar la puesta en marcha sin dilación de las ayudas sociolaborales contempladas en el acuerdo, que sindicatos y administraciones central y autonómica alcanzaron el 11 de septiembre. Entre esas medidas figuran una serie de actuaciones en favor de los mineros como prejubilaciones, recolocaciones en otros puestos laborales y prestaciones por desempleo. La movilización discurrió bajo un aguacero.

La protesta fue convocada por UGT, pero no contó con el apoyo de CC OO. La unidad sindical resultó imposible pese a los reiterados llamamientos públicos formulados por UGT. Comisiones dijo que se ausentaba porque no quiere enturbiar los trámites ya emprendidos para percibir las ayudas. Los mineros onubenses reclamaron el mismo tratamiento que las administraciones dispensaron en su día a los trabajadores de Boliden.

Luciano Gómez, de UGT, afirmó ayer que la acción de protesta estuvo dirigida especialmente a "dar un toque de atención a la administración central, por ser la que tiene la responsabilidad de determinar el número de trabajadores que se prejubila y los que pueden tener acceso a otros empleos". Gómez señaló que el Gobierno central tiene sobre la mesa los listados donde se incluyen los nombres de los mineros que está previsto que se prejubilen. "La Administración central podría haber decidido ya cuántos trabajadores se prejubilan y qué coste tiene ese plan de pensiones", afirmó Luciano Gómez. Y añadió: "Nosotros hemos calculado que se van a prejubilar unos 800 mineros y el coste asciende a 144,24 millones de euros, financiados al 50% por ambas administraciones". El Gobierno central estableció como requisito imprescindible que los diferentes comités de empresa presentaran las extinciones de contrato para acceder a las ayudas. Todas las empresas, tras un intenso trabajo, propusieron el nombre de los que se podían prejubilar. El trabajo culminó el pasado cuatro de diciembre, pero dos compañías, Nueva Tharsis SAL y Minas de Riotinto, no completaron la documentación. Ahora el Gobierno central les ha ampliado el plazo hasta el 30 de junio de 2003, pero condiciona las ayudas hasta que no tenga por completo los listados. "En ningún caso debe ser un requisito imprescindible. El hecho de ampliar el plazo deja un margen amplio para que se desarrolle ese trámite burocrático, pero eso no debe impedir que se puedan poner en marcha las medidas", afirmó Gómez.

Los sindicalistas exigen una rápida respuesta. "No podemos hablar de excedentes hasta que no nos digan qué cantidad de mineros se jubilan. Así no se puede saber quién se beneficia de los planes de recolocación, de las medidas sociales o de las becas de formación. Estamos paralizados", subrayó José Carlos Torres, portavoz de los mineros.

Torres afimó: "El gobierno de Aznar tiene que aprobar los listados al igual que hizo con los trabajadores de Boliden, cuando autorizó las propuestas de los mineros de prejubilar a 275 trabajadores y a recolocar a más de 100 en una semana. "Que alguien nos explique porqué no se puede hacer los mismo con los mineros de Huelva", indicó.

Las compañías mineras de la franja pirítica onubense, Minas de Riotinto (MRT), Minas de Almagrera, Filón Sur, Nueva Tharsis SAL y Presur se encuentran paralizadas. De los 1.200 trabajadores afectados por la crisis del sector, 400 ya no tienen ingresos. Han agotado el subsidio por desempleo.