El Defensor del Pueblo investiga la responsabilidad de Economía en el 'caso CPV'

El Defensor del Pueblo ha abierto una doble queja contra la Dirección General de Seguros del Ministerio de Economía y el Banco de España. El objetivo de esta investigación es determinar su posible responsabilidad en la supuesta estafa cometida por la inmobiliaria Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV) a 1.200 familias en tres nuevos barrios del norte de Madrid (Sanchinarro, Las Tablas y Montecarmelo), según informaron fuentes de esta institución.

La oficina del defensor también ha solicitado al Ayuntamiento de Madrid un informe sobre las "condiciones de incorporación de CPV a las juntas de compensación que, como órganos auxiliares de la Administración, son las responsables de la ejecución de la urbanización en las que se ubican las viviendas contratadas por los afectados".

Las actuaciones del Defensor del Pueblo, una institución que dirige Enrique Múgica, se inician después de que la Asociación de Afectados de CPV -que agrupa a unos 700 de los 1.200 perjudica-dos- solicitara el pasado 25 de noviembre su mediación y su ayuda en el caso.

Un aval sin autorización

Un informe del Defensor del Pueblo recuerda que en 2001 uno de los afectados por el caso CPV se dirigió a la Dirección General de Seguros para comprobar el aval de las cantidades que estaban siendo entregadas por la promotora a los compradores. Esta institución notificó "la invalidez del citado aval y la ausencia de autorización de la entidad aseguradora para operar en España, sin que se procediera a ninguna actuación tendente a regularizar la situación", según la institución que dirige Enrique Múgica Herzog.

La entidad que avalaba a la inmobiliaria era Europa Cauzioni, una empresa italiana que el pasado 8 de noviembre anunció públicamente que no asumía el aval de 30 millones de euros que firmó el año pasado con la promotora madrileña. "Europa Cauzioni S. P. A. avisa a los beneficiarios de las garantías de CPV otorgadas por esta empresa que dichas garantías deben considerarse ineficaces, es decir, sin ningún valor", afirmaba la compañía italiana en un anuncio publicado en EL PAÍS el 8 de noviembre. Según ese mismo anuncio, la empresa reconoce que la promotora CPV es "insolvente por no pagar las primas correspondientes".

Por otro lado, la oficina del defensor destaca, en el informe sobre el caso del supuesto fraude de la inmobiliaria, que las cuentas especiales abiertas en distintas entidades financieras para el ingreso y disposición de los fondos adelantados por los 1.200 compradores "fueron desviados con conocimiento de las citadas entidades a cuentas paralelas para obviar las exigencias legales de protección a los mismos". De ahí la posible responsabilidad del Banco de España.