Un contundente informe provisional

El informe provisional del Tribunal de Cuentas concluye que el consorcio "presenta importantes deficiencias respecto de su situación jurídica, del cumplimiento de la normativa que regula su actividad económica-financiera y del adecuado nivel de representación y control". Una afirmación nada habitual en los estudios del órgano fiscalizador. Es tan contundente como el referido a 1992 y coincide en algunas irregularidades de entonces, como el desvío de fondos y las contrataciones.

Considera "ilegal" la participación de negocios en el extranjero -desde 1999 el Consorcio invierte en Argentina y Uruguay-, al afirmar que el organismo "sólo puede actuar dentro del ámbito determinado en sus estatutos" y alude a la "falta de autorización" de la asamblea de la entidad para estas inversiones. Cuestiona la existencia de la polémica sociedad Udal Sareak, creada en 1999 y dirigida por Jon Loidi (hijo de la presidenta del Tribunal de Cuentas), al señalar que no "puede encomendarle" tareas de las redes de agua municipales. Y rechaza la manera de Udal Sareak de realizar contratos por 1,2 millones de euros.

Considera "improcedente" el cobro del IVA en las tasas de agua. Además, detecta contrataciones de personal "sin publicidad y sin ningún tipo de proceso selectivo" en 16 de los 28 expedientes, por lo que "no se ha garantizado el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad".

Etxebarria replicó ayer que el consorcio puede actuar en el extranjero y se basó de nuevo en informes externos pedidos. Dijo que las encomiendas a Udal Sareak se realizan en otras administraciones y que el cobro del IVA fue autorizado por la Diputación vizcaína. Sobre las contrataciones de personal dice que se refieren a antes de 2000, cuando él no era presidente y el puesto era ocupado por Juan José Olabarria. Ambos, concejales del PNV en Bilbao, no han sido incluidos por el partido en las listas para las próximas elecciones.