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¡Escuchen a los científicos, por favor!

En uno de los recientes Eurobarómetros sobre sus actitudes en relación con temas científicos, al ser preguntados los ciudadanos de la Unión Europea cuáles son los colectivos en los que tendrían más confianza si se produjera una catástrofe cerca de sus casas, aparecen en primer lugar los científicos (un 62,6%), por delante de los representantes de los gobiernos (un 19,9%), de los periodistas (un 17,7%) o de las empresas (4,4%). Ello probablemente no refleja más que el hecho de que a la hora de tomar decisiones en tiempos de graves problemas lo que la opinión pública cree que necesita antes que nada son datos lo más sólidos posibles. Y resulta que ni más ni menos de esto es de lo que se ocupa la ciencia. Lo que piensa el público europeo parece razonable, y por ello parece que ésta debería ser también la actitud de aquellos que tienen que tomar decisiones. Es una lección que estos están aprendiendo de forma cada vez más frecuente en todo el mundo.

Los ciudadanos de nuestra sociedad se van encontrando de forma continuada con problemas que pueden afectar su salud, su alimentación o el medio ambiente y que aparecen como situaciones de crisis frente a las que se exige a los responsables que gobiernan que actúen con eficacia. Algunas de estas crisis están producidas por catástrofes naturales que pueden ser agravadas por el tipo mismo de la sociedad en que vivimos, como es el caso del cambio climático que se está produciendo a nivel global. La crisis de las vacas locas, causada probablemente por un cambio en el proceso de fabricación de las harinas cárnicas con consecuencias difíciles de prever, puede tener su origen en determinadas concepciones sociales. O, por otra parte, la creciente promiscuidad a nivel planetario puede estar presente en el origen de la epidemia causada por el sida. Otras crisis proceden de accidentes graves, el más reciente y cercano a nosotros es el del Prestige, pero antes hubo el de otros petroleros, o el accidente de Aznalcóllar, sin hablar del caso de Seveso, de Bhopal, de la fábrica AZT de Toulouse y un largo y trágico etcétera. Desgraciadamente, existe el fraude que crea algún problema grave, como fue el caso del síndrome tóxico o el de las dioxinas en los pollos belgas. Y finalmente existen crisis en las que lo más importante es la percepción que tiene un grupo de ciudadanos sobre alguna tecnología concreta, como es el caso de los organismos modificados genéticamente o los posibles efectos de las radiaciones electromagnéticas sobre la salud. Sea cual sea su origen, el hecho es que cuando se produce una crisis, quienes tienen responsabilidades de gobierno ven que la sociedad les exige que la afronten con celeridad y eficacia.

En estos casos la cuestión que se plantea necesita de unos datos objetivos y de una interpretación de estos datos. A menudo los datos son parciales, y para ello, disponer de una infraestructura científica poderosa es esencial. Pero también ocurre que en algún momento es necesario tomar decisiones con la información existente. Y ocurre a menudo que la interpretación de los datos es difícil, y por ello las respuestas que se pueden dar aparecen como provisionales, aunque haya que tomar decisiones con urgencia. Ello quiere decir que los científicos que participan en estos ejercicios pueden acabar opinando sobre lo más probable que puede ser la causa o lo que puede ocurrir. La experiencia demuestra que el ejercicio es arriesgado, pero que no hay alternativa, y para los que trabajan en ciencia pagados con dinero público puede sentirse prácticamente como una obligación. En este proceso, la discusión rigurosa entre quienes tienen experiencia en el tema y una aproximación multidisciplinar suelen ser elementos imprescindibles.

Es posible que a veces quienes tienen que tomar decisiones, políticos y administradores, sientan la tentación de manipular o condicionar el trabajo de los científicos a los que se solicita una opinión. Prácticamente, en cada episodio de crisis hay un momento en el que el gobernante trata de avanzar una opinión que le conviene. No hay peor error. La experiencia demuestra que si una opinión científica está mediatizada por un interés, ya sea económico o político, deja de tener un valor. Por tanto, junto a la mayor calidad científica posible, la independencia de los componentes de un proceso de opinión científica es esencial a largo plazo. Quizá puede verse como un peligro para quienes tratan de salir del expediente en el momento, pero no aceptarla acaba siendo un error que puede resultar fatal.

Conclusiones de lo dicho para un país como el nuestro, visto lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, son, en primer lugar, recordar que la existencia de una comunidad científica fuerte e independiente es un elemento clave para resolver los problemas que plantea de forma repetida nuestro mundo moderno. Esto incluye una adecuada infraestructura de la investigación. Si se observan las fotografías del submarino que es la pieza esencial de la observación del Prestige en el fondo del océano se puede ver que pertenece a una organización pública de investigación francesa llamada Ifremer. Esto es el acróstico del Instituto Francés de Investigaciones Marinas. Nada de esto existe por desgracia en nuestro país. En segundo lugar, se necesita un sistema independiente de consulta que identifique las personas que tienen la mejor información o vayan a buscarla allí donde se encuentre y que acaben produciendo una opinión que llegue de forma transparente a la opinión pública. Esto incluye una cultura de la elaboración de la opinión científica para proporcionar unas conclusiones útiles a quien debe tomar decisiones y no únicamente opinar sobre aquello que es indiscutiblemente sólido para la ciencia en cada momento. Esto no es fácil para un científico acostumbrado a concluir lo que se puede deducir de resultados indiscutibles.

Sin embargo, es probablemente más difícil de aceptar la existencia de instancias independientes que pueden producir opiniones que no sean de su gusto por parte de quienes se ven en la complicada necesidad de tomar decisiones a menudo bajo la presión de distintos intereses y de la opinión popular o política. Pero hacer lo contrario, buscar sólo una opinión que sea la que parece convenir, es mucho peor, incluso a corto plazo. Cuando una decisión necesita de datos científicos cuanto más rigurosa e independiente sea la opinión en que se basa, más rentable acaba siendo incluso para el político. Así se ha entendido en la mayor parte de los países de Europa, donde se han creado instancias consultivas para resolver estos casos. Esta cultura está sólo en sus inicios en nuestro país.

Pere Puigdomènech es profesor de Investigación del CSIC, miembro del Grupo de Ética de las Ciencias y las Nuevas Tecnologías de la Unión Europea.

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 26 de diciembre de 2002.

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