El Tribunal Supremo rechaza indemnizar al PNV por los bienes incautados en la guerra
El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por el PNV contra la decisión del Consejo de Ministros que negó la indemnización a este partido al considerar que no ha podido probar que mantenía arrendados diversos locales incautados durante la Guerra Civil. En una sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo, el Supremo explica que "no existe la acreditación de la existencia de los arrendamientos en la forma que exige la ley" y por tanto no puede ser aplicada la ley de restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados en relación con las responsabilidades políticas del periodo 1936-1939.
El PNV solicitó al Supremo que anulara el acuerdo del Gobierno de 18 de mayo de 2001 que desestimó las solicitudes de compensación presentadas por este partido por incautación de locales que alegaban que mantenían arrendados para desarrollar actividades de asociaciones de mujeres o juveniles, entre otros, y que le indemnizara el Estado en al menos 146 millones de pesetas.
Uno de los argumentos para desestimar su pretensión fue la falta de pruebas que acrediten la existencia de los arrendamientos ni la cuantía de la renta, ya que estaban a nombre de terceras personas jurídicas, no del PNV. El Supremo recuerda que el rechazo "no fue tanto porque los titulares de dichos arrendamientos fueran entidades que estuvieran" vinculadas al PNV, sino porque "había una falta de acreditación de la existencia de esos arrendamientos y de las condiciones en que estos se contrataron". Por ello, estima que es necesaria demostrar de manera "fehaciente" la existencia de los arrendamientos y las condiciones de los contratos, a pesar de que reconoce los problemas que pudieran plantearse por la destrucción de archivos y registros en la guerra.
