_
_
_
_
_
Columna
Artículos estrictamente de opinión que responden al estilo propio del autor. Estos textos de opinión han de basarse en datos verificados y ser respetuosos con las personas aunque se critiquen sus actos. Todas las columnas de opinión de personas ajenas a la Redacción de EL PAÍS llevarán, tras la última línea, un pie de autor —por conocido que éste sea— donde se indique el cargo, título, militancia política (en su caso) u ocupación principal, o la que esté o estuvo relacionada con el tema abordado

Racismo y delincuencia

El alcalde de Crevillent, Cásar Asencio, es un hombre de carácter enérgico, poco dado a las medias tintas. Para afrontar la delincuencia que soporta la ciudad, Asencio ha exigido la intervención inmediata de la Guardia Civil. De no ser así, ha amenazado con fletar autobuses, repletos de crevillentinos, y plantarse allá donde haga falta, para que las autoridades atiendan sus demandas. Tal y como las ha publicado la prensa, las demandas de César Asencio parecen algo radicales y no resultará sencillo llevarlas a la práctica. Quiere el alcalde de Crevillent que se controle la entrada y salida de los emigrantes magrebíes de la población, que se realicen continuas inspecciones, registros, identificaciones, detenciones... A falta del toque de queda, uno diría que este hombre pretende imponer el estado de sitio en la ciudad.

Es innegable que existe un grave problema de seguridad pública en Crevillent. Los diarios informan con frecuencia de los incidentes que allí ocurren y en los que, a menudo, se ven implicados marroquíes y argelinos. Algunas veces, son los propios emigrantes quienes sufren las acciones de sus compatriotas. Menudean los robos, los asaltos, las agresiones. Se han producido ataques contra la policía municipal, en los que alguno de sus miembros ha resultado herido. Asencio está, pues, en lo cierto cuando asegura que la situación de Crevillent es explosiva.

¿Tendrán algún efecto, de llevarse a cabo, las medidas que pretende imponer en la población? Los primeros resultados serán, sin duda, espectaculares y la delincuencia desaparecerá, en poco tiempo, de las calles de Crevillent. Ahora bien, después de alegrarnos por esos éxitos, deberíamos preguntarnos qué sucederá al día siguiente de abandonar la ciudad la Guardia Civil. Y quien dice al día siguiente, dice a la semana siguiente, o al mes siguiente, o al año siguiente. Porque lo que no va a lograr ninguna medida es detener la emigración. Y no creo que Asencio pretenda mantener Crevillent en un perpetuo estado de alarma.

César Asencio tiene razón cuando reclama la presencia de la policía para atajar la delincuencia que padece su ciudad. Se equivoca, sin embargo, al fiarlo todo a estas disposiciones. Allá donde se ha aplicado la receta que él propone, se ha saldado con un fracaso total, estrepitoso. Las personas de carácter autoritario suelen tener una opinión simple de los conflictos que, piensan, pueden resolverse con la fuerza. Pero la experiencia nos ha enseñado que la fuerza sólo consigue ocultarlos, durante un tiempo, debajo de la alfombra. Aparte de pedir más policía, ¿qué otras acciones ha abordado el alcalde de Crevillent para resolver los problemas de la emigración?

Admite César Asencio que puede ser acusado de racista por esta petición y asegura que no se sentirá afectado por ello. Efectivamente, Asencio puede ser acusado de racista, pero no por exigir la presencia de la Guardia Civil en Crevillent, sino por sostener -y son sus propias palabras- "que es imposible la integración entre los emigrantes magrebíes y la población crevillentina". Esta afirmación es impropia de una autoridad democrática y, sobre todo, es falsa. Esto lo sabe Asencio, pero no vacila en utilizarla para ocultar su inercia ante el problema durante tanto tiempo.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_