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La Audiencia Nacional condena a Fontcalent por la muerte de tres reclusas

La sentencia señala "deficiencias en las instalaciones" de la prisión alicantina

La Audiencia Nacional ha condenado al Estado a indemnizar a los familiares de tres internas de la prisión alicantina de Fontcalent que fallecieron en 1987 abrasadas por un fuego iniciado en la celda que compartían. La sentencia estima que, a pesar de que el siniestro fue causado por las reclusas, coincidieron "deficiencias en las instalaciones" que derivaron en el trágico suceso. Los padres de cada una de las fallecidas recibirán 12.000 euros de indemnización.

La Audiencia Nacional considera que las instalaciones del Centro Penitenciario de Fontcalent de Alicante no reunían las condiciones mínimas para evitar la muerte de María Elena M. V., María Teresa P. G. e Isabel P. P. durante un incendio en la celda que compartían.

Las "deficiencias en las instalaciones", según el fallo judicial, fueron determinantes en la muerte de las tres internas, tras incendiarse su celda en la noche del 25 al 26 de enero de 1987. La Audiencia Nacional considera que la ausencia de un sistema de intercomunicación de megafonía y la presencia en cada celda de un número mayor de internas permitidas por su estructura y dimensión, condicionaron el desenlace trágico de estos hechos. Estas anomalías fueron incluso reconocidas por el abogado del Estado en su recurso, en el que argumentó, no obstante, que las deficiencias no interfirieron en el resultado del accidente.

El abogado del Estado consideró que no hay relación directa entre las deficiencias en las instalaciones de la prisión y la muerte de las reclusas. El recurso contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante considera que "el incendio fue provocado de forma casual, negligente o aun intencionado" por alguna de las reclusas, responsables finales del incendio y de sus muertes.

No obstante, la Audiencia Nacional entiende que las mujeres fallecieron a consecuencia de la inhalación de monóxido de carbono y por las graves quemaduras sufridas durante el incendio por el fuego que ellas mismas causaron. Todo ello, a pesar de "la celeridad con que se dio la alarma y lo acertado del traslado de las internas al centro sanitario" por parte de las funcionarias de prisiones que se encontraban de guardia.

Sin embargo, y aunque el incendio fue intencionado por alguna de las tres internas, la dirección del Centro Penitenciario no adoptó medidas suficientes para evitar que se iniciara el fuego, "poniendo fuera del alcance de las internas los medios que hubiera determinado la producción del fuego".

Según la Audiencia Nacional, la resposabilidad del Estado estriba no en ser responsable del hecho inicial, sino de que llegara a producirse. La sentencia explica que el deber de la Administración es "mantener a los presos en condiciones de seguridad y de velar por su integridad" a través de la contratación de personal y la instalación de elementos técnicos de seguridad que la prisión no disponía.

Es por ello que la Audiencia Nacional rechaza el recurso del abogado del Estado y establece que "estamos ante un supuesto de corresponsabilidad, esto es, de responsabilidad concurrente de la Administración penitenciaria y de las reclusas fallecidas". Tras esta conclusión, la sentencia considera que el Estado debe indemnizar a los padres de las tres fallecidas en la cantidad de 12.000 euros, a pesar de que las familias, en sus recursos exigían una cantidad mayor. El tribunal considera que los familiares no han demostrado una relación de dependencia económica con sus hijas que permita aumentar la cuantía de la indemnización.Otra sentencia, en este caso de la Audiencia de Alicante, hace corresponsable al Estado del motín de Fontcalent. El fallo criticó la falta de medidas de seguridad en el presidio.

Por otro lado, un interno de Foncalent sufrió la tarde del pasado martes una agresión con arma blanca, de la que evoluciona favorablemente. El preso, que fue atacado por otro recluso del módulo 4, sufrió una herida grave en el tórax con un pincho. El arma fue fabricada en el interior de la prisión por el agresor. La intervención de los funcionarios, que lograron reducir al agresor, evitó que la víctima recibiera más puñaladas.

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