El PSOE quiere que los presos de ETA pidan perdón para tener permisos

El objetivo político de la reforma legal que el PSOE propondrá al Gobierno apunta a que los presos de ETA sólo puedan obtener mejoras penitenciarias si "abjuran del terrorismo y piden perdón a las víctimas". Cuando un condenado por estos delitos obtenga la libertad condicional y, en la calle, participe en actos "de partidos o asociaciones prohibidas" le será revocada esa libertad y volverá a prisión. Así consta en un informe jurídico elaborado por penalistas para el PSOE. El Gobierno y el primer partido de la oposición se reunirán en enero para aunar posiciones.

El Gobierno y el PSOE trabajan de momento por separado en posibles modificaciones del Código Penal para endurecer la situación de los presos de ETA, de manera que no se beneficien de mejoras penitenciarias si mantienen la actitud de defensa de la violencia. Sus conclusiones se pondrán en común a principios de año, en reuniones oficiosas, para trasladarlas luego al marco de la Comisión de Seguimiento del Pacto Antiterrorista. Pero el PSOE no quiere que una reforma de este alcance sea exclusiva de los dos partidos mayoritarios. Aspira a que, como ya hizo con la última reforma sobre la seguridad de los concejales, todos los partidos participen. El portavoz socialista, Jesús Caldera, se puso en contacto el lunes con el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares; el portavoz del PNV, Iñaki Anasagasti, y el portavoz de CiU, Xavier Trias, para anunciarles que esta semana les remitirá un borrador con las tesis del PSOE sobre esta reforma.

El texto ha sido elaborado por técnicos penalistas que defienden los postulados "progresistas" de la actual Ley Orgánica General Penitenciaria, de búsqueda de "la reinserción social, la prevención general de delito y la defensa de la sociedad". La reforma que proponen los socialistas "no va a cuestionar esos postulados, sino a reforzarlos", aclaran.

Reinserción

Ahora bien, opinan que la aplicación "inercial y mecánica" del sistema penitenciario produce, "con más frecuencia que lo deseable", que "sujetos condenados por crímenes muy graves disfrutan de determinados beneficios de acortamiento y relajación de condenas sin que se demuestre reinserción alguna". Es más, a veces acreditan la voluntad de seguir "con las mismas tesis violentas que estaban en la base de los delitos que cometieron". El objetivo de la reforma es el siguiente: "Obtener una seguridad razonable" de que los condenados por delitos de terrorismo sólo puedan disfrutar de libertad condicional, acortamiento y mejora de sus condenas o permisos cuando esté claro "objetiva y subjetivamente que abjuran del terrorismo y descartan la violencia como medio para conseguir objetivos políticos". Para estos penalistas, la libertad condicional es el apartado más importante y más conflictivo de la reforma.

Los requisitos actuales para obtenerla son: que el preso esté clasificado en tercer grado, que haya cumplido tres cuartas partes de su condena, buena conducta y pronóstico de usar bien la libertad.