La Junta anula el acuerdo del pleno de Málaga que recalificó los terrenos para el centro ruso

La consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez del Castillo, ha anulado el acuerdo que el pleno municipal de Málaga adoptó el pasado 27 de septiembre con los votos a favor del PP por el que se declaró de interesé social y utilidad pública el proyecto de construcción del centro ruso de cultura y deporte. Tal consideración equivalía a la recalificación de una parcela de 135.000 metros cuadrados de suelo no urbanizable en el entorno del Monte San Antón para ubicar en ella un complejo que incluye alojamientos y equipamiento cultural, deportivo y religioso.

La resolución sostiene que "sin perjuicio del interés social o utilidad pública que pueda tener la actuación proyectada, no se considera justificado el emplazamiento en el medio rural de dicha instalación pues ésta supone de hecho la urbanización del suelo no urbanizable afectado, que conllevaría la formación de núcleo de población, lo que está expresamente prohibido por la legislación urbanística".

Entre otras consideraciones, la consejera entiende que el volumen constructivo del complejo, su localización de forma contigua al suelo urbanizado de Pinares de San Antón, los numerosos ejes viarios proyectados para dar acceso a todas las instalaciones, y los distintos espacios libres concebidos, "aseguran una continuidad absoluta del espacio urbano con las áreas colindantes".

El proyecto de centro ruso de cultura y deporte contempla residencias en régimen de alojamiento para deportistas, artistas, estudiantes y funcionarios de las sociedades promotoras, escuela de ballet, centro cultural y teatro, pabellón polideportivo, gimnasio, piscina olímpica, pistas deportivas al aire libre, y circuitos de cross y de bicicleta. La inversión prevista asciende a unos 30 millones de euros que serán financiados por la empresa nacional de petróleos de la república de Tartastán, Tatnieft.

En la resolución se considera también el valor ambiental del Monte San Antón, sin parangón dentro del municipio de Málaga, y que actúa como "corredor verde entre el medio urbanizado y el medio natural".

La consejera firmó el pasado 12 de diciembre la resolución, que cierra la vía administrativa en el conflicto entre el consistorio y la administración autonómica a cuenta del polémico proyecto. Ahora el Ayuntamiento puede recurrir en los tribunales.

Ya el 18 de octubre la titular de Obras Públicas dictó un decreto de suspensión del acuerdo, medida cautelar contra la que el Ayuntamiento alegó que éste aún no tenía carácter ejecutivo pues no había sido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia.

Las declaración de interés social de un proyecto es una de las competencias urbanísticas que la Junta tiene delegada en los ayuntamientos, motivo por el que los dos grupos de la oposición municipal, PSOE e IU, pusieron un recurso de alzada ante la consejera.

Por el contrario, el consistorio si tiene competencias propias para la aprobación de planes especiales, por lo que al no existir en este asunto una relación jerárquica entre ambas administraciones, la Junta tiene impugnado en vía judicial el proyecto que el pleno municipal aprobó también en la misma sesión del 27 de septiembre.