20 ciudades de EE UU se rebelan contra las leyes antiterroristas

El último frente de resistencia en la guerra contra el terrorismo ha surgido donde menos lo esperaba el Gobierno de Estados Unidos, dentro de sus propias fronteras. Más de una veintena de municipios han adoptado resoluciones negándose a cooperar con las autoridades federales cuando consideren que el excesivo celo antiterrorista pueda poner en peligro los derechos civiles de sus ciudadanos.

El frente de resistencia municipal se empieza a extender por varios Estados norteamericanos y ya hay al menos otras 60 ciudades que estudian normativas similares.

Surgieron en principio en bastiones progresistas como Cambridge (Massachusetts) o Berkeley (California) a modo de llamada de atención, pero sin poder legal vinculante, para frenar los poderes extraordinarios adquiridos por la policía federal tras los atentados del 11 de septiembre, pero las ordenanzas tienen cada vez un tono más antigubernamental y están emergiendo en pequeñas poblaciones como Alachua County, en Florida.

Por ejemplo, la junta municipal de Amherst (Massachusetts) ha llegado a prohibir a todo su personal "que ayude o colabore voluntariamente en investigaciones, interrogatorios o arrestos" que puedan violar los derechos o libertades civiles. De materializarse la orden, dificultaría seriamente la labor del FBI.

La Administración del presidente George W. Bush no se ha pronunciado oficialmente sobre la afrenta municipal; la guerra entre los dos niveles de gobierno es, por el momento, sorda.

Privacidad

"La gente está dispuesta a hacer todo lo que sea necesario y razonable para detener la amenaza del terrorismo, pero existe una creciente preocupación por la forma en que el Ejecutivo está gestionando todo esto, ejerciendo un poder unilateral que puede entrometerse en la privacidad y, además, secretamente", declaró al periódico The New York Times Elliot Mincberg, director de People for the American Way, una organización que vela por los derechos constitucionales.

El Departamento de Justicia, que dirige John Ashcroft, insiste en que los poderes que le otorga la Ley de la Patria no violan los preceptos constitucionales. La ley, aprobada el año pasado en pleno fulgor patriótico tras el 11 de septiembre, amplía la autoridad policial para llevar a cabo registros domiciliarios o vigilancia electrónica sin órdenes judiciales cuando existan "indicios razonables" de actividades terroristas. Los más afectados son los ciudadanos musulmanes.

La iniciativa ciudadana está provocando agrios debates en algunos municipios. En un reciente pleno municipal en la ciudad de Flagstadd, en el Estado de Arizona, el concejal Joe Haughey calificó la ordenanza como "una invitación a los terroristas", ante el aplauso de decenas de ciudadanos. La ordenanza fue, no obstante, aprobada.