El PSOE propone que los etarras renuncien al terrorismo si quieren reducir su condena

Los condenados por delitos de terrorismo tendrán que hacer una declaración expresa contra la violencia, en contra del terrorismo y de renuncia al mismo si quieren conseguir la progresión al tercer grado penitenciario -ir a la cárcel sólo a dormir-, y a la libertad condicional cuando hayan extinguido las tres cuartas partes de la pena, según una propuesta de modificación de la Ley General Penitenciaria que prepara el PSOE.

Los socialistas consideran "un escarnio" para la sociedad que condenados por pertenencia a ETA gocen de beneficios cuando no tienen el más mínimo gesto de arrepentimiento.

Un equipo de juristas del PSOE dirigido por el responsable de Libertades de la ejecutiva federal, Juan Fernando López Aguilar, y el portavoz de Justicia parlamentario, Javier Barrero, trabajan en una proposición de ley que endurezca la obtención de beneficios penitenciarios para los condenados por terrorismo cuando persistan en su actitud de utilizar la violencia. El borrador se someterá al criterio del Gobierno y su marco de discusión será la reunión del Pacto Antiterrorista, según informan en la dirección del PSOE.

El PNV se opone a que los etarras que no se arrepientan cumplan 30 años en prisión

La situación actual lleva a que los beneficios penitenciarios procedan "de la acción u omisión de lo que marca la Ley General Penitenciaria", señalan fuentes de la dirección socialista. Con un comportamiento simplemente pasivo, el condenado por pertenencia a banda terrorista consigue progresar de grado sin dificultad. "La reforma consistiría en que no habría beneficios penitenciarios ni libertad condicional si no hay rechazo expreso de la violencia; las revisiones se condicionarán a que el interno exprese su renuncia a la violencia y condene el terrorismo", señalaron los mismos interlocutores.

No se trata de seguir la máxima que en su día defendió el PP, y llevó en su programa electoral, de "cumplimiento íntegro de las penas" para los terroristas. Pero sí endurecerlas para que no haya "escarnio ni desmoralización" en la sociedad. Y también "enviar un mensaje a ETA de que no hay futuro en la violencia". La dirección socialista no renuncia al principio constitucional de reinserción social de la pena pero tampoco a "aplicar todos los instrumentos del Estado de derecho para acabar con ETA", continuaron las fuentes informantes.

La elaboración de la reforma de la Ley General Penitenciaria está desde hace meses entre las previsiones del secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero. El trabajo se ha hecho sin publicidad alguna hasta que la semana pasada se comprobó que los etarras que asesinaron al guardia civil Antonio Molina se habían beneficiado de reducciones de pena.

Por su parte, el Ejecutivo piensa también en posibles reformas a partir del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según declaró el pasado viernes el ministro del Interior, Ángel Acebes, al programa Protagonistas, de Onda Cero.

"El Ministerio de Justicia prepara una modificación del Código Penal por la que la reducción de pena por beneficios penitenciarios no automáticos no se calculen sobre el máximo de cumplimiento, que en España es de 30 años, sino sobre el total de la pena impuesta en la sentencia", dijo Acebes. Así, prosiguió el ministro del Interior, "cualquier reducción por un beneficio voluntario como el buen comportamiento, se aplique sobre esos 100 años y no sobre los 30; eso supone, por tanto, el cumplimiento efectivo y total de la pena hasta el máximo de los 30 que permite nuestra legislación", explicó.

Fuentes de Justicia se limitaron ayer a corroborar que el Ejecutivo planea una reforma global del Código Penal a partir de los trabajos que se encargaron a una comisión de magistrados y penalistas en noviembre de 2000.

No obstante, cualquiera que sea su alcance definitivo, la reforma no podrá tener carácter retroactivo, por lo que sólo se aplicará a los sentenciados en firme por terrorismo a partir de que se promulguen las eventuales reformas.

El PNV mostró ayer su oposición a que los etarras que no se arrepientan cumplan en prisión el plazo máximo de 30 años que permite la legislación española, informa Servimedia. El portavoz del PNV en el Congreso, Iñaki Anasagasti, dijo que la exigencia de una renuncia expresa al terrorismo no tendrá "efecto disuasorio" en los etarras, puesto que se trata de "individuos altamente ideologizados" que cuando se meten en ETA "saben a lo que se exponen".