Unas 80.000 personas piden en Buenos Aires que "se vayan todos"

A un año de las manifestaciones, los saqueos y las caceroladas que provocaron la caída del Gobierno del ex presidente Fernando de la Rúa, los líderes de las jornadas de protesta en todo el país -que concluyeron el viernes por la noche en la Plaza de Mayo, ante unas 80.000 personas reunidas bajo la consigna de que "se vayan todos"- coincidieron en la necesidad de "construir entre todos una herramienta política para hacer la revolución que Argentina necesita".

El presidente Eduardo Duhalde, dijo ayer nuevamente que convocará a esas organizaciones sociales para colaborar en la distribución de alimentos y en el diseño de planes de asistencia para que "no haya un solo niño con hambre". Los principales dirigentes del Bloque Piquetero Nacional y del Polo Obrero rechazaron la propuesta y dijeron que sólo participarían en una asamblea popular en la que se discuta el "cambio radical del modelo económico".

Sin muertos en la madrugada, tras la desconcentración de las columnas que habían asistido al acto, sin heridos y sin incidentes de importancia, la calma y cierta sensación de paz largamente deseada eran ayer las noticias del día en Argentina tras casi dos semanas de amenazas, rumores y presagios dramáticos. La noche del viernes se cerró con una rebaja ostensible de la tensión. Los servicios de orden montados por las organizaciones que reunieron a decenas de miles de manifestantes en la Plaza de Mayo se encargaron de contener la furia de los más exaltados, que intentaban provocar a la policía.

Sólo en las fachadas de las sucursales bancarias, de las empresas extranjeras y de los edificios públicos quedaban las marcas de los golpes sufridos. La policía no intervino ni reaccionó tampoco ante el insulto de los manifestantes. En la Plaza de Mayo las vallas abrían un espacio vacío de unos treinta metros entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad.

Uno año después de firmar la renuncia al cargo, el ex presidente Fernando de la Rúa seguía los actos desde Villa Rosa, la casa de campo situada en Pilar, 60 kilómetros al norte de la capital, donde permanece desde que abandonó la Casa Rosada, sede del Gobierno, en un helicóptero la noche del 20 de diciembre de 2001. Por su parte, el presidente, Eduardo Duhalde, de aspecto relajado y tranquilo, seguía desde la sede presidencial el desarrollo de la concentración en la Plaza de Mayo. Duhalde reconoce la legitimidad de los peticiones. "Nadie duda que la gente ha soportado demasiado y tiene motivos para protestar", decía el jefe del Estado.

Por otra parte, ayer se difundieron también los pronunciamientos de las empresas privadas, ejecutivos y grupos de prensa argentinos que reaccionaron corporativamente en defensa de Ernestina Herrera, viuda de Roberto Noble, fundador del periódico Clarín, de Buenos Aires, y actual directora de la publicación, que está procesada por supuesta falsificación de documentos de sus dos hijos, de los que se sospecha que nacieron en campos clandestinos de concentración cuando sus padres fueron secuestrados por la dictadura militar.

El juez Roberto Marquevich, que ordenó el arresto domiciliario preventivo de Ernestina Herrera, no ha dado señales de ceder ante las presiones y denuncias que se suman en su contra por presuntos errores de procedimiento. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) observó que "la detención previa a la sentencia es una medida excepcional", la agrupación Periodistas hizo saber de su "profunda preocupación" por las consecuencias para la libertad de expresión.