Los embajadores de la UE denuncian abusos en el urbanismo valenciano

El embajador de Dinamarca -país que ocupa la presidencia de turno de la Unión Europea- en Madrid, Christopher Bo Bramsen, y otros 12 representantes diplomáticos europeos (todos menos el de Portugal) se han dirigido al presidente de la Generalitat Valenciana, José Luis Olivas, del PP, para pedir una revisión de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) ante la "inquietud y preocupación" por los abusos urbanísticos.

Un gran número de ciudadanos europeos se están viendo afectados, al igual que los españoles, por la incorrecta aplicación de la LRAU, que deja en manos de un agente urbanizador privado la ordenación del territorio. El agente se encarga de presentar un proyecto de urbanización al Ayuntamiento y lo ejecuta. A cambio exige un dinero a los propietarios, que en caso de no poder hacer frente a estos gastos se ven abocados a una expropiación forzosa.

La figura del agente urbanizador, creada en una ley que redactaron los socialistas cuando gobernaban la Generalitat Valenciana para facilitar políticas de regeneración urbana, ha sido empleada sistemáticamente desde que en 1995 accedió el PP al Gobierno autonómico, lo que ha levantado conflictos en diversas ocasiones y denuncias por la concentración del suelo urbanizable en pocas manos. Ante esta situación los representantes de 13 de los 15 gobiernos de la UE han recibido numerosas quejas y consultas de ciudadanos afectados por esta ley. Los embajadores reconocen que hay una "inquietud extendida" entre los propietarios extranjeros asentados en las comarcas valencianas acerca de la aplicación de ley, y lamentan que algunos propietarios "se enfrenten a severas penalizaciones financieras o, incluso, a la pérdida del terreno y de la propiedad".

La misiva advierte de que en la prensa internacional el asunto está generando una "amplia publicidad negativa", al considerar que hacer inversiones inmobiliarias en la Comunidad Valenciana no es seguro. En el escrito advierten de la posible "nconstitucionalidad" de la norma, que incumpliría el artículo 33 de la Constitución (derecho a la propiedad privada y la herencia). En Jávea, una localidad de la costa de Alicante con una amplia presencia de europeos, se ha constituido la asociación Abusos Urbanísticos No, integrada por más de 500 afectados. Los embajadores solicitan una reunión de los afectados con el presidente valenciano, y la "revisión urgente" de la ley.