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La clínica de la Concepción acepta integrarse en la multinacional IDC

Oriol Güell

La clínica de la Concepción será gestionada a partir del próximo enero por Ibérica de Diagnóstico y Cirugía (IDC), de capital norteamericano, según el acuerdo alcanzado ayer por la multinacional y los patronos de la Fundación Jiménez Díaz, propietaria del centro.

Tras una semana de resistencia, los dos patronos de la Fundación Jiménez Díaz contrarios al desembarco de IDC en la clínica -el director médico, Fernando Marín Calderín, y el presidente del patronato de la fundación, Julio Rodríguez Vi-llanueva- manifestaron ayer que aceptan ceder la gestión del hospital a IDC.

La cesión se concretará en una Unión Temporal de Empresas (UTE) participada por la fundación e IDC, que gestionará el centro, aunque será la empresa la que tenga poder de decisión, nombre al gerente y se quede con el 95% de los beneficios que obtenga el centro hasta 2012. A cambio, IDC se compromete a saldar la deuda del hospital (120 millones de euros) e invertir otros 36 antes de 2007. IDC gestionará hasta 2012 los 1.200 millones de euros que la Consejería de Sanidad aportará a la clínica en los próximos 10 años, aunque el acuerdo prevé que IDC controlará la clínica hasta 2032.

La Concepción es una clínica privada que destina 500 de sus 600 camas a atender a una población de 280.000 madrileños en sustitución de la sanidad pública. El Gobierno regional le paga esta atención médica a través de un concierto.

Los dos patronos que hasta ayer se mostraban contrarios al desembarco de IDC en la clínica habían manifestado el pasado domingo su negativa al acuerdo, al entender que éste "pone en peligro los principios fundacionales de la Concepción" y "supone regalar un hospital histórico". El cambio de postura de los dos patronos se produjo después de las "enormes presiones recibidas por parte de la Consejería de Sanidad", según Calderín. En los últimos días, el ambiente se había enrarecido en la Concepción, convertida en un tablero de juego en el que cada sector jugaba fuerte sus bazas para alcanzar la firma con IDC o impedirla.

El gerente de la Concepción, Ricardo Herranz, un hombre de la Consejería de Sanidad, aireó el pasado miércoles que la clínica no tenía dinero para pagar la paga extra de Navidad y la nómina a los trabajadores. En su empeño, Herranz contó con el apoyo del comité de empresa, dominado por CC OO.

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Antonio González, presidente del comité, manifestó que la preferencia de éste habría sido que "la Concepción se convirtiera en un hospital público" y acusó tanto al PP como al PSOE de no tener voluntad real de tomar esta decisión "como ha quedado claro en los últimos 10 años". La "mejor alternativa" ante esta situación era, según González, apoyar un acuerdo que supone poner a la Concepción bajo control de IDC durante los próximos 30 años.

10 propuestas

IDC aceptó ayer 10 propuestas hechas por los patronos referidas a la gestión de la plantilla. Entre las propuestas se incluye mantener la homologación salarial de los trabajadores de la Concepción con los de la sanidad pública, la necesidad de consenso en el futuro para una posible regularización laboral y el mantenimiento de los criterios de selección vigentes para la incorporación de futuros médicos. Otro punto acordado es que cuando IDC abandone la Concepción, la fundación debe estar saneada y sin deudas.

Calderín declaró ayer: "Este acuerdo sigue sin gustarme, pero era lo único que podíamos alcanzar ante las presiones recibidas, incluidas las del comité de empresa. Se había llegado a jugar con el pago de la nómina y esto suponía situar a la clínica en una crisis". "No me gusta el acuerdo, no me gusta ceder la gestión a una multinacional y no me gusta nada cómo se ha hecho todo, pero no queda alternativa sin llegar a poner en riesgo el futuro de la Concepción", añadió.

Víctor Madera, consejero delegado de IDC, declinó hacer declaraciones. "Hasta que no se firme el acuerdo, previsiblemente mañana [por hoy] sería prematuro hacerlo", manifestó.

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Sobre la firma

Oriol Güell
Redactor de temas sanitarios, área a la que ha dedicado la mitad de los más de 20 años que lleva en EL PAÍS. También ha formado parte del equipo de investigación del diario y escribió con Luís Montes el libro ‘El caso Leganés’. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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