La promotora CPV sólo dispone de 30.000 euros en sus cuentas en 15 bancos

La promotora inmobiliaria Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV) tiene menos de 30.000 euros en las cuentas abiertas en 15 bancos. Desde 1998, 1.200 familias han estado adelantando a la promotora unos 30 millones de euros para que ésta les construyera sus casas en uno de los tres nuevos barrios del norte de Madrid. De momento, 15 entidades bancarias han remitido a la juez que instruye el caso la documentación que acredita que CPV, investigada por un supuesto fraude inmobiliario, sólo cuenta con el 0,1% del del dinero adelantado por los afectados.

La juez de instrucción número 34, Coro Monreal Huerta, ha pedido a los bancos donde CPV tiene cuentas abiertas que acrediten de cuánto dinero dispone ésta. De momento, 15 entidades han documentado que la promotora cuenta con menos de 30.000 euros. El director de la inmobiliaria, Francisco García Moreno, en prisión incondicional, reconoció hace más de un mes que adeudaba a 500 familias unos 18 millones de euros que habían adelantado por sus futuros pisos en los nuevos barrios de Sanchinarro, Las Tablas y Montecarmelo. Los bancos sostienen que no tienen depositada esa cantidad.

"Teníamos claro que CPV no tiene ni dinero, ni suelo para estas familias", afirmó ayer Pedro López Arias, el abogado que representa a un grupo de perjudicados en la querella, "por eso la hemos denunciado por estafa". Según el letrado, el juzgado está investigando cuáles son los bienes inmuebles de los que dispone la promotora, qué valor tienen y si están hipotecados. "De momento sabemos que tiene tierras en Benidorm, Toledo, Fuente el Saz, Chinchón...", añadió. "Y sobre ellos pesa, en la mayoría de los casos, una hipoteca".

El juzgado de primera instancia número 9 de Madrid, que admitió a trámite la solicitud de quiebra presentada por CPV, ha nombrado a un interventor, Alejandro Latorre Atance, que se hará cargo de la administración judicial de la empresa.

Los cuatro máximos responsables de CPV están en prisión incondicional desde el pasado mes de noviembre. Su abogado ha presentado a la juez instructora del caso un escrito en el que solicita su puesta en libertad alegando indefensión y que la causa no tiene suficiente peso para mantener la orden de prisión sin fianza, informa Europa Press.

Las acusaciones sostienen la conveniencia de que los imputados sigan en la cárcel, debido a la "alarma social" que generaría la puesta en libertad de los cuatro presos. Asimismo, argumentan que, si son liberados, los responsables de CPV podrían acceder "a la destrucción de documentos" y pruebas "fundamentales" para el caso.

Futuras estafas

Por otra parte, la Asociación para la Defensa del Cooperativista y del Usuario de Viviendas (Adecovi) ha denunciado que al menos un 10% de las personas que han entregado dinero para reservar una vivienda protegida a través de una cooperativa o promotora serán estafadas "porque cada casa que se ha vendido sobre el papel ha sido adjudicada a un cooperativista y medio".

Según el jefe del departamento jurídico de Adecovi, José Sevilla, "no hay suficiente suelo en Madrid para la cantidad de cooperativas que funcionan", por lo que "muchas de estas cooperativas no van a poder cumplir con sus compromisos".