Pacto en Barcelona para no usar la inmigración como arma electoral

Los representantes de todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Barcelona pactaron ayer no utilizar la inmigración de forma partidista para obtener réditos electorales. El acuerdo forma parte del Plan Municipal de Inmigración, también presentado ayer, que, a pesar de contener 90 medidas concretas para mejorar la integración de los inmigrantes en la sociedad, no ha recibido ninguna dotación presupuestaria.

El acuerdo de los grupos municipales no impedirá que los partidos puedan hablar de inmigración durante la campaña electoral ni que defiendan o critiquen la legislación sobre extranjería, pero sí compromete a los políticos a evitar la "instrumentalización partidista del hecho migratorio".

El alcalde de Barcelona, Joan Clos, calificó de "excepcional" el acuerdo de todos los grupos políticos y aseguró que no hacer electoralismo con los problemas que genera la inmigración es una cuestión de "responsabilidad política". Asimismo, admitió que llegar a un acuerdo no ha sido fácil, y agregó: "Todos hemos tenido que renunciar a parte de nuestras posiciones partidistas".

Joan Puigdollers, presidente del grupo de CiU, destacó que se ha pasado de reclamar "papeles para todos" al reconocimiento y el respeto a la legalidad vigente.

A juicio de Emilio Álvarez, del PP, evitar el racismo y la xenofobia requiere evitar la inmigración ilegal, y destacó que con el acuerdo se demuestra que "cuando se quiere, la clase política puede aparcar sus diferencias y llegar a acuerdos en beneficio de la ciudadanía". Jordi Portabella, de ERC, hizo hincapié en el respeto tanto a la cultura de los inmigrantes como a la de Barcelona y Cataluña. Por su parte, Imma Mayol, de ICV, cree que con este acuerdo se pone de manifiesto que Barcelona quiere afrontar la inmigración no como un problema, sino como un reto.

Todos los grupos políticos restaron también importancia al hecho de que el Plan Municipal de Inmigración no tenga ningún presupuesto concreto, ya que consideran que éste puede pactarse en un futuro. "Ya nos pondremos de acuerdo en la cuestión del dinero, o no", dijo Joan Clos al hablar sobre la futura dotación presupuestaria.

Como elemento novedoso, todos los grupos están también de acuerdo en impulsar nuevas medidas legislativas que permitan a los ciudadanos extranjeros con una orden de expulsión no ejecutada poder trabajar legalmente hasta el momento de abandonar el país. Esto reduciría los problemas de muchos inmigrantes que, pese a residir ilegalmente en España, no pueden ser expulsados porque sus países no tienen ningún convenio con el Gobierno español para la repatriación de personas.

El plan de Barcelona tiene como objetivo promover la integración de los inmigrantes, de los que Barcelona tiene 139.189 empadronados, a los que se deben sumar los que están en situación irregular, cuya cifra se desconoce. Los técnicos municipales creen que los sin papeles residentes en la ciudad pueden ser más de 30.000. El año pasado, en el conjunto de la provincia se presentaron 153.820 solicitudes de regularización y 44.891 demandas de residencia por motivos de arraigo.