IU remite a la Fiscalía Anticorrupción 200 decretos del alcalde de Vélez por presunta falsedad documental

El grupo municipal de IU en Vélez-Málaga ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción presuntas falsedades documentales en unos 200 decretos económicos realizados por el alcalde de la localidad, el socialista Antonio Souviron. Según la documentación ofrecida por el edil de IU Inocencio Ruiz se trata de supuestas irregularidades en la contabilidad municipal, entre las que incluye órdenes de pago a empresas con anterioridad a disponer de las correspondientes certificaciones; compromisos de abono por actuaciones que no habían sido adjudicadas o documentos presupuestarios en la tesorería municipal distintos a los que luego aparecen en la Secretaria.

Ruiz aseguró que se trata de "prácticas habituales" del equipo de gobierno, al que acusó de "no llevar una contabilidad económica real de las arcas municipales". IU denunció "oscurantismo" en el área económica y se lamentó de la escasa predisposición del PSOE para facilitarla información a los grupos de oposición en el consistorio.

IU ya solicitó en el Parlamento Andaluz que la Cámara de Cuentas fiscalizara la hacienda de este ayuntamiento, así como la mediación del Defensor del Pueblo para lograr que se les entregara diversa documentación que tenían solicitada. "La escasa colaboración del equipo de gobierno nos ha hecho reconducir nuestra estrategia y hemos decidido acudir directamente a la Fiscalía Anticorrupción, para que investigue estas denuncias", declaró Ruiz.

El PSOE enmarcó ayer estas denuncias en una supuesta campaña de "acoso" al alcalde por parte de IU, desde la ruptura del pacto de gobierno que ambas formaciones políticas mantenían en Vélez. Antonio Moreno Ferrer, concejal socialista responsable de Hacienda, se lamentó de la "nefasta oposición" que hace IU en el municipio, aduciendo que han presentado hasta 11 denuncias contra el alcalde en los tribunales "que han sido todas desestimadas", la última de ellas una en la que se acusaba a Souviron de un delito de malversación de caudales públicos por la supuesta emisión de facturas falsas y por incluir en el capítulo de protocolo gastos privados.

Moreno Ferrer reconoció la emisión de decretos con fechas anteriores a la comisión del gasto, pero lo justificó aduciendo que se trata de "una técnica contable que utilizan las corporaciones locales para atender pagos de obras finalistas". En este sentido, indicó: "Se trata de abonos que tiene que hacer el consistorio a empresas con las que trabaja cuando éstas, antes de fin de año, no han puesto en conocimiento del área económica las cantidades que se adeudan y lo hacen al inicio del siguiente ejercicio, cuando el pago está comprometido en el anterior". El edil del PSOE criticó a Ruiz por denunciar estas supuestas irregularidades, ya que aseguró "que era una práctica tan habitual que el propio denunciante las realizó en su etapa como concejal de hacienda del municipio", al inicio de la legislatura y cuando se integraron en el equipo de gobierno.