La concesión 'digital' de licencias

El Gobierno de la Generalitat ha cedido, concedido, dejado o regalado ya sea de forma definitiva o bien como paso previo para ser definitivo -así lo ha presentado el secretario general de Comunicación de la Generalitat, David Madí- una parte del espectro radioeléctrico a una serie de empresas radiofónicas para que emitan en esas frecuencias saltándose toda la legalidad vigente del Estado de derecho y de manera muy especial la Ley General de Telecomunicaciones, la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y el resto de disposiciones legales que regulan la prestación indirecta del servicio de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia.

Esta inaudita decisión, sin precedentes en las democracias y habituales en los regímenes dictatoriales, viene a representar un ejemplo más de decisiones y acciones de un ejecutivo catalán obsesionado por mantenerse en el poder a cualquier precio y que se está preparando para detentar espacios de poder para cuando pase a la oposición. Pero esta decisión, además, es un desastre para el sector audiovisual catalán que se une a otros muy recientes como el de Mediapark.

CiU se ha saltado la garantía de transparencia en la concesión de emisoras: el concurso público

Las empresas del sector audiovisual catalán han sido víctimas por parte de los gobiernos de Convergència i Unió de una política errática, partidista y, sobre todo, discrecional. Lo que un día es posible, al día siguiente no lo es; aquello que está permitido aquí está prohibido más allá; lo que unos pueden hacer no es lo mismo que pueden hacer todos. Es el reino de las tinieblas mediáticas en el que el único valor seguro son los intereses del partido, mientras que los legítimos intereses de las empresas del sector quedan en situación secundaria y los intereses de la audiencia, de los ciudadanos, ni siquiera son tenidos en cuenta.

El resultado de tantos años de discrecionalidad e intervencionismo político en radio y televisión en Cataluña es un sector audiovisual débil y desconfiado, escasamente competitivo. A las puertas del gran salto digital, cuando las empresas deben conocer las reglas de juego sobre las que hacer previsiones inversoras con un mínimo de seguridad jurídica y comercial, el Gobierno de CiU (mejor dicho, el sector del Gobierno que cree que los resultados podrían llegar a justificar los métodos) ha decidido saltarse la legalidad vigente e introducir un nuevo elemento de incertidumbre en el sector. La concesión digital de licencias. El dedo del poder ha señalado quién puede disfrutar de nuevas licencias y quién no. Hasta 30 frecuencias de radio han sido adjudicadas por el dedo de CiU.

La fontanería que se ha apoderado del Palau de la Generalitat por encima de los mismísimos consejeros nombrados por Jordi Pujol ha inventado las licencias de radio a prueba. Sin especificar quién está a prueba, si las frecuencias o los beneficiarios, CiU se ha saltado la garantía de transparencia, legalidad e igualdad de condiciones en la concesión de títulos emisores: el concurso público. Tan atrevida y flagrante infracción de la legislación vigente ha obtenido una primera reacción del Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) en forma de prudente alarma literaria; reacción inicial que debería concretarse, en la secuencia lógica de funcionamiento del CAC, en una acción decidida en defensa de la legalidad.

Los objetivos de la fontanería de la Generalitat con esta acción tan temeraria son evidentes: salvar los muebles del poder, caiga quien caiga. La retórica que acompaña esta decisión también es conocida. Debía hacerse y se ha hecho. Un intento de enviar un mensaje inequívoco: seguimos al mando. Sin las garantías de las formas democráticas de gobierno, los fontaneros modifican y condicionan el mercado de la radio comercial en Cataluña; implican y señalan a los operadores beneficiados como favoritos del poder y provocan a sus atribulados socios del PP rompiendo la cuerda de la legalidad.

El sector de la radio privada en Cataluña requiere una reordenación de frecuencias y potencias que permita configurar un conjunto plural de emisores potentes y competitivos. A buen seguro que todos los operadores, tanto quienes han obtenido la gracia de CiU como los que no la han conseguido, necesitan completar su cobertura para llegar a toda la audiencia catalana en las mejores condiciones. Seguramente, el Gobierno catalán debería convocar un nuevo concurso público para adjudicar las frecuencias disponibles, pero respetando la legalidad. Estamos ante un acto gravísimo de corrupción del sistema democrático. La Generalitat debe rectificar.

El espectro radioeléctrico puede soportar la utilización de nuevas frecuencias y las aspiraciones empresariales son, en este sentido, todas legítimas y mayoritariamente justificadas. Pero al hacerlo mal, intencionadamente mal, CiU compromete a las empresas y al sector. El fraude de ley que ha cometido no puede ser justificado de ninguna manera.

Los operadores catalanes de radio y televisión no pueden seguir soportando situaciones de provisionalidad ni concesiones a prueba. Las empresas no pueden ser sometidas por más tiempo a los regalos envenenados del poder ni obligadas a realizar inversiones provisionales en un sector en dificultades económicas evidentes por la caída de la publicidad. CiU debe rectificar, paralizar el actual proceso de provisionalidad y convocar un concurso con garantías jurídicas. No haciéndolo, el principal perjudicado es el conjunto de empresas de radio de Cataluña.

Josep Maria Carbonell es secretario de Cultura y Audiovisual del PSC y diputado en el Parlament.